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Los incluyó en informe sobre pago por prohibición a funcionarios sin título ni colegiatura

Presidencia denunció a 12 exjerarcas sin verificar si incumplían requisitos

Actualizado el 02 de junio de 2017 a las 06:00 am

Varios exministros y exviceministros no estaban colegiados porque Colegio no existía, o bien, porque incorporación no es requisito para ejercer la profesión

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Presidencia denunció a 12 exjerarcas sin verificar si incumplían requisitos

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El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, denunció a 12 ministros y viceministros de tres gobiernos anteriores por cobrar el incentivo conocido como prohibición aparentemente de manera irregular, sin verificar si ellos cumplían con los requisitos para recibirlo.

Alfaro los incluyó en el informe que remitió el 23 de mayo a la Contraloría General de la República, con 39 nombres de personas que ocuparon altos cargos en el Poder Ejecutivo, desde el 2002 a la fecha, y que supuestamente recibieron el plus salarial aunque carecían de algún requerimiento.

Este incentivo equivale a un 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.

(Video) Solís habla sobre errores en lista de cobro presuntamente ilegal de pluses

Presidencia informó a la Contraloría de que en el expediente administrativos de estas 39 personas hacía falta alguno de los requisitos requeridos para cobrar prohibición: el título universitario que acreditara que puede ejercer una profesión liberal y un documento que verifique la incorporación al colegio profesional respectivo, en los casos en que es obligatorio.

En 12 casos revisados hasta ahora en detalle por este medio, los exjerarcas no incumplían con los requisitos.

Se trata de 10 ministros y viceministros del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), un viceministro de Óscar Arias (2006-2010) y un ministro de Abel Pacheco (2002-2006).

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Uno a uno. En cuatro casos, los jerarcas sí contaban con título profesional y estaban incorporados a su respectivo colegio en el momento en que pasaron por el gobierno, a pesar de que Casa Presidencial dijo que no encontró evidencia de ello.

Eso ocurrió con René Castro, canciller y ministro de Ambiente en el periodo 2010-2014; Andrei Bourrouet, viceministro de Ambiente del 2010 al 2012 (fallecido en 2013); José Lino Chaves, viceministro de Mares del 2010 al 2014; y Ricardo Méndez, viceministro administrativo de Cultura del 2006 al 2010.

Así lo corroboró La Nación mediante consultas a los colegios de Abogados, Federado de Ingenieros y Arquitectos, y Ciencias Económicas.

En otros cuatro casos, el colegio de sus profesiones no estaba constituido cuando los jerarcas se desempeñaban en sus funciones.

Esa situación le pasó a la ministra de Agricultura, Gloria Abraham; y a las viceministras de Educación y Cultura, Dyalah Calderón e Ilena González, todas del periodo 2010-2014. Las tres son sociólogas, cuyo colegio profesional se creó en setiembre del 2011, mientras estaban en funciones.

Y fue hasta febrero del 2014 que entró en vigencia el reglamento donde se establecen los requisitos para la colegiatura, ya cuando estaban por dejar el cargo.

El fiscal del Colegio de Profesionales en Sociología, Alejandro A. Sura, reconoció que en la ley no se estableció un tiempo perentorio para que los profesionales se incorporaran y que lo más razonable es que lo hicieran hasta que el reglamento entrara en vigencia.

"Sí, uno podría decir que hasta que esté completa la normativa había que colegiarse. Aunque no hay una norma expresa que así lo establezca, a mí me parece razonable que alguien diga que no se había colegiado porque tenía dudas dado que la normativa no se había completado", explicó Sura.

Algo parecido le ocurrió al viceministro de Seguridad, Wálter Navarro, del periodo 2010-2014. Estando en funciones, se creó el Colegio de Criminólogos en el 2010 y él se incorporó en el plazo que otorgó la ley.

Presidencia también denunció a Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología del 2012-2014 a pesar de que él no cobraba salario, ya que se había acogido a su pensión.

Otro caso es el de Alberto Trejos, quien fue ministro de Comercio Exterior de Abel Pacheco del 2002 al 2004. Él renunció al cargo en setiembre del 2004, un mes antes de que entrara en vigencia la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. En esa legislación es donde se estable el porcentaje de pago por prohibición y a quienes cubre.

Antes de esa fecha las reglas eran distintas, la inhabilitación no solo era para profesiones liberales, sino también para ejercer cargos jerárquicos en empresas privadas o públicas. Así se consignó en la hoy derogada Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos.

En los últimos dos casos, la colegiatura no es obligatoria o no existe el colegio. El ministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez del 2010 al 2012, es informático, cuya profesión no exige estar afiliado al colegio profesional. Y Freddy Montero, viceministro de Gobernación del 2013 al 2014, es antropólogo, profesión que no tiene organización gremial.

Estos 12 casos representan el 39% de los 31 pertenecientes a administraciones anteriores, denunciados por la administración de Luis Guillermo Solís. Los otros ocho casos ocurrieron en este gobierno.

De momento, la Contraloría analiza qué hara con el informe enviado por Alfaro: "La nota se recibió recientemente (el pasado lunes), estamos analizando qué procede conforme nuestras competencias, de momento no podemos dar mayor detalle al respecto", adujo el órgano contralor en un correo electrónico mediante la oficina de prensa.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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