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La Presidencia de la República corre para evitar que Costa Rica entre a la “selecta” lista gris de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero, pero que tienen un alto riesgo de servir de plataforma al financiamiento del terrorismo.
A mediados de junio, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aprovechó un viaje a París, Francia, para informar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los esfuerzos del país en este tema.
De entrar a esa lista gris, el sistema financiero y el comercio exterior podrían sufrir consecuencias, pues las relaciones con los bancos extranjeros posiblemente serían afectadas.
Alfaro se reunió con David Lewis, secretario ejecutivo del GAFI, y con Kevin Vandergrift, analista de políticas contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la cita también estuvo el embajador tico en Francia, Gabriel Macaya.
“Programamos una reunión para ir a presentarle a las autoridades (del GAFI) los avances que ha hecho Costa Rica desde que Gafilat (Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica) nos hizo la revisión a mediados del año pasado. Llevamos una suerte de reporte de por dónde estábamos, en qué íbamos avanzando, cuáles fueron las acciones administrativas que se tomaron y las acciones legislativas que estaban en ruta en la Asamblea Legislativa”, dijo Alfaro.
“La idea de esa visita fue mostrar el compromiso de Costa Rica, y así se lo hice saber, con el cumplimiento de las normas de transparencia financiera. Para nosotros, es fundamental tener una buena reputación como socios comerciales confiables con el mundo”, agregó el jerarca.
El ministro informó de que las autoridades de la GAFI no emitieron criterio alguno tras la exposición, debido a que está por verse si Costa Rica cumple con una serie de reformas antes del 15 de julio próximo, en aras de acatar las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera desde hace un año.
Ese órgano del G-20 (grupo de Estados más industrializados y emergentes) es el que establece las normas internacionales contra ese tipo de actividades ilícitas y, por ende, es el que define cuáles naciones no gozan de muy buena reputación. El listado, en la actualidad, está integrado por países como Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak y Siria.
“La valoración no le corresponde directamente a esas personas con las que me reuní, pero ellas forman parte de los grupos de trabajo que están haciendo vigilancia y supervisión de cómo avanzan todos los países”, dijo.
No obstante, también cree que, antes del 15 de julio, se debería avalar, en el Congreso, el plan para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, pues crearía un registro con las listas de los accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas. Este será tramitado con una vía rápida.
“De lo que estoy seguro es que nuestra calificación será mejor si los tenemos (aprobados). No puedo decir cómo nos van a observar si los proyectos no están, pero lo que sí estoy muy, muy, muy seguro es que si los proyectos están antes del 15 (de julio), nuestra calificación será probablemente satisfactoria”, añadió Alfaro.
