Siete de los nueve pastores de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) se oponen al hecho de que dos directivos de esta organización religiosa ejerzan, a la vez, cargos públicos en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Así lo expresaron ayer en una carta enviada a la Junta Directiva de ILCO, en la cual piden convocar a una asamblea general para discutir el tema.
Aunque en la misiva no se mencionan nombres, el pastor Abel Moya manifestó a La Nación que impugnan los nombramientos de Xinia Chacón Rodríguez como secretaria de Consejo de Gobierno, y de su esposo, Juan Carlos Zúñiga Rojas, como directivo en el Banco Popular. La primera es vocal de esa iglesia y el segundo, tesorero.
Moya también critica la participación del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, pues, en su criterio, él es “un obispo en receso”, con cargo vitalicio.
En la carta pública, los pastores luteranos decidieron “impugnar que personas que ocupan cargos públicos relacionados con el actual Gobierno de la República ocupen cargos en la Junta Directiva de la Iglesia”.
Para Moya, las actuaciones del Gobierno están incidiendo directamente en la visión que se tiene de la congregación, ya que se les liga constantemente y, en ocasiones, se interpreta que la posición del Poder Ejecutivo es la misma de los luteranos.
“En la coyuntura actual, en la que el obispo también ocupa un cargo público y no está en la Iglesia, nos preocupa mucho nuestra credibilidad ante el pueblo, porque son personas que toman decisiones tanto en la Iglesia como en el Gobierno. Es una situación incómoda, muy difícil, y la mayoría de pastores estamos muy molestos, porque nadie ha hablado con nosotros”, dijo el pastor Moya.
El presidente Solís respondió ayer que a esas personas no se les nombró por su creencia religiosa o por su participación en la Iglesia luterana. Agregó que se tomó en cuenta que cumplieran con los principios de idoneidad para ocupar el cargo.
“En el Gobierno hay personas nombradas de todas las denominaciones, mayoritariamente católicos, pero no solo ellos. Y cuando uno nombra, no pregunta religión, sino cuál idoneidad posee... No existen redes de poder, una red de tres es muy chiquitica. En todo caso, no hay relaciones de subordinación indebida; son personas que están desempeñando sus cargos de forma competente y sin que haya acusaciones contra ellas de ningún tipo. Me parece que tendríamos, más bien, que tener alejado de esta discusión el tema de la discriminación religiosa”, afirmó Solís.
La noche del domingo, Jiménez también negó que el nombramiento de Zúñiga en el Popular se diera por su afiliación religiosa.
“Fue designado en su cargo por su idoneidad, trayectoria y capacidad profesional”, expresó ese día el ministro.
Molestia por ministro. Otro de los firmantes de la carta, el pastor Daniel Calero, aseguró que ciertas declaraciones de Melvin Jiménez les han ocasionado problemas con algunos feligreses.
Una de esas disyuntivas, según Calero, ocurrió a principios de año, cuando el ministro de la Presidencia dijo que los proyectos para legalizar las uniones gais no eran una prioridad de Zapote.
“Damos lástima, hemos perdido la capacidad de reaccionar, porque ya hay un doble mensaje. La congregación y sus pastores dicen una cosa y el ministro de la Presidencia considera que ha dejado de ser una prioridad. Nos sentimos tratados como tontos”, expresó Calero.
Tanto Moya como Calero fueron separados este año de sus cargos. La Junta Directiva de la ILCO decidió despedir al primero, mientras que al segundo no se le renovó el contrato.
Además de Melvin Jiménez, Xinia Chacón y Juan Carlos Zúñiga, el Gobierno también nombró al exdirector pastoral luterano, Carlos Bonilla, como asesor del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini.
Sobre el caso de Melvin Jiménez, la Sala IV validó desde el 12 de noviembre del 2014 su nombramiento, al concluir que solo los sacerdotes de la Iglesia católica tienen impedimento para ocupar un cargo de ministro.
