"La mina las Crucitas en territorio costarricense, que provocará un desastre ambiental en ambos lados de la frontera, desaguará desechos químicos altamente contaminantes al Río San Juan, parte del territorio de Nicaragua", afirma una resolución del foro político dada a conocer ayer miércoles.
Asegura que la actividad tendrá "consecuencias nocivas sobre los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la salud de la población de ambos lados de la frontera".
La mina, que pretende explotar la empresa canadiense Industrias Infinito, cerca de la frontera con Nicaragua, para extraer 700.000 onzas de oro, obligaría a destruir unas 200 hectáreas de bosque primario que, según afirman los especialistas, alberga especies de fauna y flora en peligro de extinción.
La presidenta costarricense suscribió el día de su investidura, el pasado 8 de mayo, un decreto de moratoria de la explotación de minerales a cielo abierto, un reclamo reiterado por ambientalistas y organizaciones sociales.
Sin embargo, se desconoce si dicho decreto será suficiente para detener el inicio de actividades de la empresa minera, que por el momento espera el resultado de un litigio judicial.
Costa Rica nunca se ha integrado al Parlamento Centroamericano pues ha sido crítico de los altos salarios que devengan sus diputados e igualmente de los privilegios -inmunidad- de que gozan. Por esas mismas razones, Panamá abandonó ese foro.
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