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Se mueven en la oscuridad, como sombras por las esquinas del San José nocturno. Unos visten de mujer y otros no ocultan sus rasgos varoniles. Algunos, con gestos infantiles, procuran atraer explotadores a los que llaman clientes.
La prostitución de menores, denominada “explotación sexual comercial” en el lenguaje técnico de los derechos humanos, ocurre a diario en las calles capitalinas, hoteles, casinos, apartamentos y redes sociales. Los cuerpos de adolescentes son usados por pedófilos que pagan hasta $400 (¢216.000) a proxenetas por acceder a ellos.
Las autoridades conocen a fondo lo que sucede; sin embargo, alegan que no hay mecanismos legales que permitan un combate frontal a la situación. Así lo acepta la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ana Teresa León. Ella afirma que, de momento, no tienen respuesta para el problema.
La falta de acciones no es nueva. En el 2008, la Sala Constitucional ordenó al PANI y al Ministerio de Salud abrir albergues especializados para los menores en explotación sexual.
El voto 2008-15.751 obligaba a ambas entidades a tomar las medidas necesarias para que, en un plazo de 18 meses, el Patronato contara “a nivel nacional con albergues o centros especializados en la rehabilitación de menores víctimas de abuso sexual o en explotación sexual comercial” y se desarrollaran “programas de protección, auxilio, tratamiento físico y psicológico, así como de rehabilitación especializados en este tipo de casos”.
Han pasado ocho años y el PANI no ha abierto uno solo de estos albergues porque, en su criterio, esa no es la solución idónea.
No obstante, a la fecha, ni existen los albergues ni ninguna otra contención para este problema.
Para la presidenta del Patronato, cumplir con la orden de la Sala IV va en contra de los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.
“Si la Sala ordena un albergue, entonces que la Defensoría y los demás (entes) en derechos humanos no nos vengan a decir que no podemos meter a todos en un mismo lugar, y menos institucionalizarlos, y menos segregarlos y discriminarlos porque estaríamos diciendo ‘ese es el albergue de... (los jóvenes prostitutos)’. Entonces, ese es el lío aquí”, dijo León.
Secuelas. En tanto, el joven, de apellido Monge, por quien se interpuso el amparo que produjo la orden de la Sala IV, está en prisión. Así lo afirmó Luis Mairena Rodríguez, quien dirige la Fundación Michael Vásquez, la cual interpuso el recurso en favor de Monge, cuando tenía 14 años.
Mairena, transexual reconocido por su trabajo en favor del rescate de jóvenes en riesgo social, sostuvo que ya fallecieron otros dos menores que entraron en explotación en aquella época y que, desde entonces, eran atendidos por el PANI.
Aseguró que uno de los jóvenes, de apellido Díaz, murió a los 15 años, víctima de un balazo, a la entrada de su casa. Según datos del Registro Civil, él falleció el 23 de diciembre del 2014.
“Llegó una tarde a mi casa, venía asustado, estaba muy deteriorado por la calle y el sida. Al abrir la puerta, me dijo: ‘Mairena, me balearon’ y cayó desvanecido en la sala”, recordó .
Según Mairena, para ese momento, el muchacho ya portaba el VIH y vivía de prostituirse y de recibir comisiones de proxenetas que le pagaban con dinero y drogas por reclutar a otros menores para el negocio.
De acuerdo con un documento del PANI, de enero del 2014 (casi un año antes de su muerte), el joven era atendido por el Patronato desde el 2007 debido al abandono de su madre. Permaneció en hogares solidarios y en albergues institucionales, pero se fugaba y mostraba una “conducta de deambulación”.
El otro joven, de apellido Robles, falleció a consecuencia del VIH, dijo Mairena, aunque no precisó la fecha. Un archivo del PANI del 2009 daba cuenta de su aparente explotación sexual.
“La mayoría de ellos contraen el sida y lo propagan a sus clientes. Y, como ellos, son cientos. Es un problema de salud pública”, añadió Mairena.
¿Quiénes son? Los menores que se prostituyen viven en condición de vulnerabilidad. Se alquilan a extranjeros y nacionales que pagan por sus servicios.
El PANI dice no saber cuántos son. Por ahora, León considera que la única forma de atenderlos es con “hogares solidarios”, es decir, familias que deciden recibir a estos menores para alejarlos de las calles. Sin embargo, esos hogares solidarios no aparecen.
Los menores empiezan sus actividades sexuales desde los ocho años, según testimonios recogidos por este diario en el centro de la ciudad de San José. Algunos de ellos ya son adultos.
Encontrarlos no es difícil. Se ven en las esquinas como quien espera a un conocido. Se suben y bajan de los carros jugándose la vida con el sujeto que los llama.
Reciben drogas y dinero a cambio de sus servicios. Y la mayoría debe pagar a un proxeneta que les da el derecho de pararse en esta o aquella acera, según dicen ellos mismos y el PANI.
La presidenta del PANI acepta que no hay registro, y dice que nada pueden hacer con los mayores de 15 años, pues no es delito sostener relaciones sexuales con personas de esa edad en adelante.
Aunque sí es delito pagar por sexo a menores de 18 años, las autoridades afirman que es difícil comprobar la transacción porque muchos quieren seguir recibiendo dinero.
“Cuando tienen menos de 15, sí es delito, y podemos hacer algo”, expresó León.
Las autoridades dependen de las denuncias para poder hacer el trabajo. “Nadie denuncia, son poquísimas las denuncias”, dijo.
Por la libre. León se lamenta porque hay muy poca colaboración de la ciudadanía. al tiempo que señala que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también necesita una denuncia para empezar la investigación.
“Y nadie denuncia”, reitera.
Entre los pocos casos que se han podido llevar hasta una condena, está el de Charles Spina, un estadounidense que fue condenado en el 2009 por pago de servicios sexuales a menores, distribución de pornografía infantil, difusión de pornografía, dos delitos de violación y dos delitos de actos sexuales remunerados con menor de edad, que se habrían repetido con otras víctimas.
La denuncia fue presentada por el OIJ, con el apoyo de la fundación de Mairena y colaboración del despacho del entonces diputado Mario Núñez.
Spina fue condenado a 39 años de prisión, pero al llegar a la etapa de casación, los jueces cambiaron la pena a nueve años de cárcel y a una multa económica. Mas este no es el único caso y las autoridades no tienen el músculo para ponerle freno a la actividad.
