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El Partido Acción Ciudadana (PAC) se comprometió ayer con los sindicatos a eliminar, en el plazo de un año, el veto presidencial al proyecto de ley que permitiría huelgas en servicios esenciales, como los de salud y seguridad.
Así lo dijo Henry Mora, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, en una reunión con la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Mora explicó que revivir ese plan de ley que reforma el Código Procesal Laboral formó parte de los acuerdos alcanzados con el Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para dejarse el control del Congreso.
El espíritu original de la iniciativa es agilizar los juicios laborales, al establecer la oralidad en los tramites judiciales.
Sin embargo, la mandataria Laura Chinchilla vetó el proyecto en octubre del 2012 al considerar que permite huelgas en servicios indispensables, con lo que se podría afectar a los ciudadanos.
Nuevo proyecto. El pacto del PAC con el PUSC establece que los dos partidos redacten un nuevo proyecto que “arregle” aspectos puntuales contenidos en el plan vetado por Chinchilla y luego aprobar en el plenario ambas iniciativas.
Mora reveló que el punto principal será aclarar qué se puede considerar servicios esenciales.
“El Poder Ejecutivo mantendrá el veto hasta que se haya votado en primer debate el nuevo proyecto de ley. No obstante, si transcurre un plazo perentorio de 12 meses sin lograr la aprobación de ese proyecto, el Poder Ejecutivo valorará el levantamiento del veto”, establece el acuerdo.
Además, las bancadas del PAC y PUSC se comprometen a aplicar las herramientas disponibles para agilizar la reforma, por ejemplo dispensar de trámites legislativos para permitir una rápida discusión.
Rafael Ortiz, jefe de fracción del PUSC, dijo que el proyecto que redactarán buscará “evitar una huelga en una actividad del Estado que tenga que ver con la salud, la vida o la seguridad de los ciudadanos”.
La Unidad busca esa alternativa por no estar de acuerdo con la intención del Frente Amplio, que prefiere simplemente levantar el veto presidencial, lo que permitiría la entrada en vigencia del plan tal y como fue aprobado en setiembre del 2012, con votos de 40 diputados.
Sobre la otra parte del pacto, la que da un año para aprobar la reforma, Ortiz indicó que la intención es motivar a todos los partidos y sectores a aprobar el nuevo proyecto sin entorpecerlo con mociones.
“Si no es así, el Gobierno levanta el veto de la forma que está ahora y que a nadie le gusta”, adujo.
Mora confirmó que, de darse una negativa de las otras fracciones a impulsar el proyecto paralelo, el Ejecutivo anulará el veto.
El presidente del Congreso añadió que el presidente electo, Luis Guillermo Solís, está enterado de los detalles del acuerdo y está comprometido a cumplirlo.
Retiro. En tanto, en el acuerdo con el Frente Amplio, el Gobierno electo ofreció estudiar la posibilidad de retirar el veto sobre la Reforma Procesal Laboral.
Emilia Molina, jefa de fracción del PAC, confirmó que el convenio fue avalado por Melvin Jiménez, futuro ministro de la Presidencia.
“Acuérdese de que Luis Guillermo Solís ha dicho con toda claridad que está de acuerdo con levantar el veto, pero eso pasa por un tema jurídico que hay que resolver”, sostuvo la legisladora cartaginesa.
Solís tiene un equipo jurídico analizando si es viable o no ese paso de anular un veto presidencial.
