La mayoría de los miembros de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) considera que la jefa de la bancada, Laura Garro, debe seguir al frente del grupo a pesar de que un tribunal ordenó investigar a la legisladora por supuesto falso testimonio.
La Nación consultó ayer a siete de los 11 diputados presentes en el plenario del Congreso, para conocer si creen que Garro debe apartarse de sus funciones para afrontar dicha investigación preliminar.
De esos siete, los que apoyan con más fuerza a su jefa legislativa son Marvin Atencio, Javier Cambronero, Nidia Jiménez y Emilia Molina, al negar rotundamente que su compañera deba dimitir de ese puesto.
“Las mujeres tenemos una capacidad increíble para hacer un montón de cosas al mismo tiempo”, dijo Jiménez, quien añadió que el fallo aún no está en firme y que es lógico que si a una persona le preguntan algo que pasó hace seis años, no lo recuerde bien.
Por su parte, Molina cree que la discusión debería darse solo en el caso de que la Fiscalía General eleve una acusación, antes no.
En el caso de Marco Vinicio Redondo, Franklin Corella y Henry Mora, tampoco consideran que Garro deba retirarse, pero apuntaron que hay un acuerdo previo donde la jefa de la bancada se comprometió a separarse de su función si el Ministerio Público la acusa de falso testimonio, como lo sugirieron los jueces este lunes.
¿Falso testimonio? En la lectura del por tanto al cierre del juicio a dos militantes del PAC por estafa contra el Estado mediante el uso de contratos ficticios, los jueces pidieron investigar a Garro.
Antes, la Fiscalía había solicitado al Tribunal ordenar esa pesquisa por considerar que la diputada cambió su testimonio sobre el caso del PAC entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.
En el 2013, Garro le confirmó a un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) haber firmado uno de esos contratos y relató que lo recibió de manos de Manuel Antonio Bolaños, empleado del PAC y uno de los dos condenados el lunes por el delito de estafa mayor; el otro fue el extesorero de la agrupación, Maynor Sterling.
Además, ella admitió que distribuyó otros contratos a partidarios en la provincia de Puntarenas, también suministrados por Bolaños. Sin embargo, ya en el juicio, bajo juramento, ella dijo no recordar quién fue el que le entregó esos documentos y negó haber entregado contratos a otros militantes.
Apartarse. A juicio de los diputados oficialistas Marcela Guerrero y Ottón Solís, fundador del PAC, Garro debería hacerse a un lado de la coordinación de la fracción parlamentaria.
“Para que tenga tiempo para defenderse y que lo haga con tranquilidad, sin tener la representación que tiene”, comentó Solís ayer en la tarde.
Guerrero apuntó que, por cortesía, hay que esperarla para dar primero la discusión dentro de la bancada del partido de gobierno.
“Me parece que ella tiene la madurez para saber que primero está la fracción y que ella debe separarse de la jefatura”, añadió la legisladora josefina.
La Nación intentó conversar con Epsy Cambpell y Marlene Madrigal, pero la primera no contestó la llamada y la segunda se negó a hablar con este medio. En cuanto a Víctor Morales Zapata, está fuera del Congreso por asuntos de salud.