El magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, se aferra a la inmunidad ante una denuncia en su contra por supuesto prevaricato pese a que siendo candidato a la magistratura había jurado renunciar al fuero que hoy le protege, si los diputados lo elegían.
El magistrado de la Sala II Luis Porfirio Sánchez se aferra a la inmunidad frente a una denuncia por supuesto prevaricato, pese a que en setiembre del 2016, siendo candidato a la magistratura, juró renunciar al fuero que hoy lo protege si los diputados lo elegían.
Sánchez lo garantizó así bajo fe de juramento, a sabiendas de que la causa estaba activa. Esto consta en la declaración jurada, vertida en la escritura número 85 del notario Rafael Ángel Guillén Elizondo, el 31 de agosto del 2016. El documento fue incorporado al expediente 19629, discutido en la Comisión de Nombramientos del Congreso.
“En caso de resultar electo como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, según concurso que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo expediente número 19629, RENUNCIO EXPRESAMENTE, al fuero de inmunidad o protección procesal especial para enfrentar el proceso penal que se tramita bajo el expediente 15-000498 619-PE ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia en la Función Pública y Anticorrupción”, dijo Sánchez.
El 5 de setiembre del 2016, con el voto de 39 diputados, él resultó electo magistrado de la Sala II, que resuelve en alzada los temas laborales y de familia. Han pasado más de cinco meses desde entonces y, a la fecha, Sánchez no ha enviado a la Corte Plena nota alguna para solicitar el levantamiento de su inmunidad.
La Nación intentó conocer el criterio del magistrado; sin embargo, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, se recibió la siguiente respuesta: “En relación con su consulta al magistrado Luis Porfirio Sánchez, nos indica lo siguiente: ‘No se puede referir por mandato de ley y que es respetuoso de lo que decidan las autoridades judiciales’”.
¿Por qué?
La denuncia por prevaricato contra Sánchez nació cuando el hoy magistrado dirigió, como presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, un proceso en el que ordenó la destitución de la jueza de Tránsito Liz Mauren Tencio Alfaro.
Tencio figuraba como acusada por un presunto acoso laboral en el Poder Judicial.
Su defensa recusó a las dos juezas que acompañaban a Sánchez en el Tribunal, con el argumento de que ellas ya habían indagado a Tencio en el proceso previo de investigación.
José Pablo Badilla, abogado de la investigada, alegó que ambas juezas adelantaron criterio y exigió una instancia superior para revisar su apelación.
No obstante, Sánchez, como presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, rechazó esa recusación el 24 de marzo del 2015 y permitió que el procedimiento continuara.
Entonces, la defensa de la jueza Tencio le manifestó al hoy magistrado que su resolución era contraria a la ley, pero el juez Sánchez rechazó el argumento y más bien emitió críticas a ese cuestionamiento.
Así consta en el expediente del caso 14-000400 00031-IJ.
Al final, el Tribunal de la Inspección Laboral impuso la sanción de destitución contra la jueza Tencio.
Así quedó plasmado en la resolución 666-2015, del 29 de mayo 2015, la cual fue apelada por la defensa ante el Consejo Superior del Poder Judicial.
Esta última instancia dio atrás con la destitución a cambio de un mes de suspensión y el traslado de la funcionaria del Tribunal de Tránsito a una oficina de apoyo jurisdiccional.
A pesar de esa medida, el abogado de la jueza denunció a Sánchez por un presunto prevaricato, figura incluida en el Código Penal, y según la cual se debe sancionar a los funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones que son contrarias a la ley.
Conlleva una sanción de dos a seis años de prisión.
Tanto el abogado como la jueza critican que el Ministerio Público no indague al magistrado y que, por el contrario, insista en presentar solicitudes de desestimación del caso.
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Posición de fiscalía
El Ministerio Público ha pedido cuatro veces desestimar la causa contra el magistrado Sánchez.
De hecho, el 12 de enero anterior, la fiscala general en ejercicio, Berenice Smith, solicitó la desestimación del caso por tercera ocasión.
La Fiscalía General confirmó a este diario que el expediente 15-000498-0619-PE, en el que se investigó al magistrado Sánchez, se remitió el 19 de enero del 2017 a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con solicitud de desestimación.
“La fundamentación de la Fiscalía se basa en que la conducta denunciada no es delito, debido a que la misma (sic)se ajustó a un criterio legal, y hubo ausencia de dolo. El caso, al no estar cerrado, reviste de privacidad”, dice la contestación del Ministerio Público a través de la oficina de prensa.
Para el abogado Badilla, quien presentó la denuncia contra Sánchez, esta situación es frustrante.
‘‘Quiero que cumpla su palabra”, manifestó.
El defensor de la jueza desea continuar con una querella contra el magistrado aunque la Fiscalía insista en la desestimación del caso.
Por ello, aseguró Badilla, la Corte no puede dar por cerrado un proceso que, de hecho, sigue abierto en vista de que la querella no ha sido retirada por él ni por Tencio. Ellos exigen que se realicen los procesos de indagación y audiencia.