El Movimiento Libertario cambió a los dos abogados que defendían al extesorero del partido Ronaldo Alfaro (hoy vicepresidente libertario) y al excontador Róger Segura, en el caso por presunta estafa contra el Estado. Esa agrupación política intentó cobrarle al TSE ¢209 millones por 190 capacitaciones ficticias, previo a las elecciones del 2010.
En su lugar, el Libertario contrató al abogado penalista, Gonzalo Castellón, quien fue magistrado suplente de la Sala Tercera y juez Primero de Instrucción de San José.
Además trabajó como uno de los defensores que tuvo el expresidente Rafael Ángel Calderón por el caso Caja-Fischel y abogado de la exfiscal, Zulay Rojas, quien enfrentó una causa en 2007 por ocultar el homicidio de Maureen Hidalgo a manos de su esposo, el exdefensor público, Luis Fernando Burgos.
El presidente del Libertario, Danilo Cubero, dijo que por “mutuo acuerdo” terminaron el contrato con los Corella, aunque no quiso ahondar en las razones, solo agregó que concluyeron en “muy buenos” términos.
De acuerdo con Cubero, Castellón se hará cargo de la defensa de Alfaro y Segura. En eso coincidió el tesorero libertario, Carlos Herrera: “¿Cómo vamos a dejar a Róger (Segura) botado?, jamás”.
No obstante, según el oficio 1147 de Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, del 13 de noviembre anterior, Castellón figura solo como el defensor de Alfaro, mientras que a Segura se le asignó a la defensora pública, Diana Montero Montero.
Al respecto, Cubero, negó esa situación y argumentó que por un tema administrativo cuando se dió el cambio de abogados, se le tuvo que asignar a un defensor público.
“Eso lo vamos a cambiar, el abogado contratado es para defender a los dos”, afirmó Cubero.
Junto a Alfaro y Solano, también figura como imputado exsecretario de capacitación, Carlos Solano.
Además del delito de estafa, la Fiscalía también los denunció por la presunta comisión de los delitos de uso de documento falso y falsificación de documento privado.
El Ministerio Público presentó la acusación un año atrás y según el fiscal a cargo del caso, Alexander Valverde, solo están a la espera de que el Tribunal Penal de San José señale la fecha del inicio del debate. “Es cuestión de semanas”, dijo.
Los hechos se remontan a junio del 2010, cuando el Movimiento Libertario presentó la liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) e incluyó el cobro de ¢209 millones por unas supuestas capacitaciones realizadas durante esa campaña.
Esos cursos se cobraron con base en listas de participantes que luego negaron haber participado en las mencionadas charlas.
