La Fiscalía acusó al vicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro, de estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante el cobro de ¢240 millones por 190 capacitaciones ficticias tras las elecciones del 2010.
La acusación también incluye al contador del Partido, Róger Segura, así como al exsecretario de Capacitación, Carlos Solano.
El Partido pidió al TSE el reembolso de estos cursos en la deuda política del 2010. Para ello, presentó listas de asistencia con el nombre y la firma de personas que negaron haber participado en las charlas.
La semana pasada, ante el Juzgado Penal de San José, el Ministerio Público achacó un delito de estafa y un delito de uso de documento falso al exdiputado Ronaldo Alfaro, quien en la época de los hechos fungía como tesorero.
A Segura y a Solano también les atribuyó un delito de estafa. El contador, además, enfrenta 190 delitos de falsificación de documento privado. Así lo anunció el fiscal general, Jorge Chavarría.
Él agregó que ayer pidieron al Juzgado prorrogar las medidas cautelares a los imputados (firmar una vez al mes y no salir del país).
Este caso trascendió en agosto del 2011, cuando La Nación publicó que en las listas aparecían empresarios, políticos y periodistas que negaban haber asistido a cursos sobre ideología liberal.
En lo que muchos coincidían era en haber firmado una hoja de asistencia a la presentación del plan de gobierno del entonces candidato, Otto Guevara, en enero del 2010.
Solano, luego, reveló a la Fiscalía que las firmas fueron recogidas en actos públicos y no en cursos.
Danilo Cubero, presidente del Libertario, afirmó ayer que cree en la inocencia de Alfaro y Segura, y que eso lo definirá un tribunal.
“El Partido nunca ha negado que aquí haya inconsistencias administrativas, pero hay responsabilidades de responsabilidades”, declaró el diputado.
Cubero insistió en que un juzgado tendrá que verificar si hubo dolo y si el Partido recibió ese dinero del TSE, pues él sostiene que no.
PLN y PAC. No solo el Libertario enfrentaría la nueva campaña electoral con partidarios acusados.
El fiscal general advirtió de que están muy avanzadas las investigaciones por supuestas estafas con recursos de la deuda política por parte de Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).
En el primero de los casos, dijo el fiscal, figura como principal sospechoso el diputado josefino Óscar Alfaro Zamora.
El Ministerio Público sospecha que “la tendencia de Alfaro”, con sede en el cantón Central de San José, emitió falsos contratos de alquiler de vehículos para obtener más de ¢30 millones del PLN, el cual, a su vez, se los cobró al TSE.
Alfaro dijo ayer que él hará una manifestación que “aclare las cosas” cuando sea oportuno.
Pese a que el Tribunal Supremo de Elecciones denunció actuaciones similares en el resto de los comités cantonales de Liberación, el fiscal sostuvo que entrevistaron a una gran cantidad de testigos y no encontraron irregularidades.
En cuanto a Acción Ciudadana (PAC), el Ministerio Público informó de que la investigación apunta hacia el extesorero Maynor Sterling y el exasistente Manuel Antonio Bolaños.
La Fiscalía sospecha que ellos confeccionaron contratos de servicios especiales para cobrar al TSE más de ¢400 millones por el trabajo que partidarios hacían de manera voluntaria. Entre estos últimos, hay diputados que el fiscal adjunto, Carlos Meléndez, calificó como testigos y “engañados”.
Olivier Pérez, presidente del PAC, sostuvo que no se puede decir que alguien haya cometido delito en este caso y que el Partido está abierto a que se investigue.
Antes, la Fiscalía había pedido levantar la inmunidad a los diputados liberacionistas Óscar Alfaro, Alicia Fournier y Antonio Calderón, por supuestas donaciones de sociedades anónimas al PLN.
