EscucharTres dirigentes del Movimiento Libertario en la campaña del 2010 irán a juicio por estafa contra el Estado, tras cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cursos de capacitación que al parecer nunca se realizaron.
Alexánder Valverde, funcionario del Ministerio Público, confirmó a La Nación que el Juzgado Penal de San José avaló, la semana pasada, elevar a debate la acusación contra estos tres colaboradores.
Los implicados son el extesorero del partido Ronaldo Alfaro (hoy vicepresidente libertario), el contador Róger Segura y el exsecretario de capacitación, Carlos Solano.
Valverde aclaró que todavía no se ha establecido la fecha para iniciar el proceso.
Los delitos por los que la Fiscalía elevó la acusación contra los libertarios son estafa, uso de documento falso y falsificación de documento privado.
Valverde explicó que la pena por estafa va de seis meses a 10 años de prisión; por uso de documento falso, de seis meses a dos años; y por falsedad ideológica, de uno a seis años de cárcel.
El Ministerio Público presentó la acusación un año atrás.
Los hechos se remontan a junio del 2010, cuando el Movimiento Libertario presentó la liquidación de gastos ante el TSE e incluyó el cobro de ¢209 millones por unas supuestas capacitaciones realizadas durante esa campaña.
Esos cursos se cobraron con base en listas de participantes que luego negaron haber participado en las mencionadas charlas.
Cuatro años. Las aparentes anomalías con las capacitaciones del Libertario trascendieron en agosto del 2011, cuando La Nación publicó que en las listas de esos cursos sobre ideología liberal aparecían empresarios, políticos y periodistas que negaron haber asistido.
Estas personas dijeron haber firmado una hoja de asistencia a la presentación del plan de gobierno del entonces candidato, Otto Guevara, en enero del 2010.
Luego, Solano reveló a la Fiscalía que recogieron las firmas en actos públicos y no en las capacitaciones reportadas.
Según el extesorero del Movimiento, Ronaldo Alfaro, era previsible que la acusación llegara a juicio, pues aseguró que en la etapa intermedia solo se revisa que el expediente cumpla con los requisitos.
“Desafortunadamente es una etapa en que la ley no permite que haya discusión, ni que el juez tenga opinión objetiva”, alegó Alfaro.
