En medio de las noticias sobre la infiltración de un presunto narcotraficante en una institución estatal (Incopesca) y la ola de asesinatos atribuidos al crimen organizado, la expresidenta Laura Chinchilla afirmó que la situación se le está desbordando a las autoridades actuales. En entrevista con La Nación , advirtió sobre la necesidad de cerrar portillos a la penetración de la mafia en la política y las instituciones, pues esta suele hacerlo en la penumbra, por cualquier rendija.
Ella urge transparencia, tanto en el financiamiento de las campañas (ahora que se acercan las elecciones municipales) como en el patrimonio de los funcionarios, al tiempo que aboga por la aprobación de una ley que permita a las autoridades decomisar a los ciudadanos bienes que no puedan justificar. En su criterio, se requiere de una mayor acción desde las cúpulas de los poderes de la República, pues “en los últimos meses”, dice, se debilitó la coordinación del más alto nivel.
Usted manifiesta que no hay mayor amenaza para la institucionalidad democrática que el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué lo concluye así, aunque pueden existir otras amenazas como la inestabilidad económica o corrientes políticas antidemocráticas?
Tanto las crisis económicas como las corrientes políticas autoritarias, de izquierda o derecha, son fenómenos que se expresan de manera abierta. El crimen organizado opera en la penumbra, se filtra por cualquier rendija que tengan las instituciones de un país, y los instrumentos que usa para permearla son perversos: la intimidación y la corrupción.
”Por eso, es tan difícil detectar el crimen organizado en sus fases inciales y, por eso, es tan urgente enfrentarlo antes de que se termine de enraizar en las instituciones de un país. Colombia, México y otras naciones han enfrentado crisis económicas y corrientes de pensamiento populistas autoritarias, pero lo que ha doblegado a las instituciones de esos y otros países ha sido el crimen organizado, asociado a la corrupción y a la violencia que genera”.
¿Cuál es el caldo de cultivo para el ingreso del crimen organizado en la política?
Varios, pero los principales son la falta de transparencia en el finaciamiento a las campañas políticas, la debilidad de los controles de tipo patrimonial de funcionarios públicos y la ausencia de una prensa independiente con capacidad investigativa.
¿Cómo se puede blindar a la institucionalidad política?
Con mayor transparencia en el financiamiento a las campañas políticas y mayor transparencia en la gestión pública, particularmente en los procesos de adquisición de bienes y servicios; con más efectivos controles patrimoniales y al lavado de activos, y con la incorporación de figuras como la extinción de dominio (plan de ley que permitiría decomisar bienes no justificados). Y, finalmente, con más robustos controles sociales, provenientes de la misma sociedad civil y de los medios.
Durante su periodo como presidenta, ¿tocó el crimen organizado la puerta de alguna institución política para tratar de ingresar e ‘institucionalizarse’?
El crimen organizado nunca “toca la puerta”, no pide permiso para ingresar; simplemente se escabulle entre las fisuras de nuestras instituciones. Frente a esta situación, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en asocio con la Unidad de Análisis Financiero del ICD, procuraron monitorear, de manera permanente, movimientos de personas y de dinero para detectarlos preventivamente. Sin embargo, los mecanismos con los que contamos y la legislación son aún limitados.
Usted sostiene que el crimen organizado está rebasando a las autoridades actuales. ¿Qué cree que dejaron de hacer o que hacen mal para que la situación se esté desbordando?
A mi criterio, en los últimos meses se debilitaron los siguientes aspectos: coordinación a nivel operativo y al más alto nivel, mediante la convocatoria regular del Consejo Nacional de Seguridad; monitoreo de resultados, sobre la base de estadísticas de incidencia criminal; presencia policial en el territorio, creando una sensación de abandono de algunos espacios que han empoderado a los grupos organizados; efectiva ejecución de los recursos asignados a la seguridad.
“Las mismas autoridades han reconocido que la situación los rebasó. Yo lo afirmo sobre la base de los datos publicados por la prensa nacional y las estadísticas judiciales y policiales”.
Usted dice que se impone la intervención de niveles superiores de los poderes Ejecutivo y Judicial para ‘exigir estrategias’. ¿A quiénes se les deben exigir?
El problema es complejo y exige que se involucren desde los presidentes de los supremos poderes, especialmente el Poder Ejecutivo y Judicial, hasta los niveles ministeriales y de dirección. La estrategia posiblemente requerirá de recursos financieros y materiales adicionales, personal, movilización, información, así como de legislación. En mi gobierno usamos con éxito el Consejo Nacional de Seguridad, el cual era convocado una vez al mes. En algunas ocasiones, se incorporó al Poder Judicial.
Si las medidas que su administración tomó fueron eficientes, ¿por qué en año y medio ya no están dando resultados?
En un tema tan complejo, cuatro años no permiten la consolidación de los procesos. Casos relativamente exitosos, como Colombia o New York, tomaron de 10 a 12 años para poder consolidar una efectiva estrategia de contención de la criminalidad.
”En materia de crimen organizado, enfatizamos en el trabajo de desarticulación de bandas criminales, el cual tuvo éxito, mediante la gestión de información local y con el exterior. En cuatro años, neutralizamos a muchos grupos y detuvimos a sus cabecillas; lo más importante, lo logramos sin causar tantos efectos colaterales como los que se están presentando últimamente y que tienen alarmada a la población”.
”Nosotros veníamos por buen camino no sólo en materia de contención de la delincuencia común, sino también de la delincuencia organizada. La estrategia era clara y monitoreada. Se fundamentó en la Política de Estado en Materia de Seguridad y Paz Social (POLSEPAZ) y en el Acuerdo que suscribimos los tres Poderes del Estado sobre la Seguridad en abril del 2008”.
¿Qué cree usted que le está pasando al país como sociedad? ¿Por qué muchos ciudadanos ceden a la tentación de participar en el crimen organizado?
No son muchos los ciudadanos que claudican, pero se hacen sentir. Estoy convencida de que en Costa Rica es mucho más la gente que quiere hacer las cosas correctamente que quienes están dispuestos a dejarse llevar por estos grupos mafiosos.
”Hay dos móviles que llevan a las personas a asociarse al narcotráfico: la ambición por el dinero fácil y la ignorancia de las implicaciones. Una vez que están adentro, ya no pueden salir y, si lo intentan, será a costa de su vida o la de sus familiares. En tanto crezca la impunidad, habrán mayores incentivos para pasarse del lado de la ilegalidad”.
¿Tiene sentido mantener la prohibición de la comercialización de las drogas? ¿Permitir el surgimiento de fuertes mafias que trasegarán este tipo de productos de cualquier manera?
El tema de las drogas y su legalización es un debate necesario que viene teniendo lugar en varios niveles, incluidas las cumbres de presidentes de las Américas. El proceso es lento y complejo. Sin embargo, aun cuando saquemos a las drogas del escenario, la criminalidad organizada siempre existirá donde haya posibilidades de hacer negocio, violando la ley. Así se percibe en el caso de la trata de personas, la migración ilegal, el tráfico de armas, la pornografía infantil, y otros más. Por ello, hay que separar las discusiones. Y tener claro que el combate al crimen organizado mediante una institucionalidad más fuerte, transparente y eficaz, será siempre un imperativo para garantizar la prevalencia del Estado de Derecho y de la democracia.