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El importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, fue socio de un empresario que multiplicó sus contratos con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) cuando el exdiputado liberacionista, Daniel Gallardo Monge, fungió como presidente ejecutivo de esa institución, del 2006 al 2009.
Se trata de Martín Irías Hernández, representante de Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A., que pasó de facturar ¢35 millones anuales en la CNE, en el 2005, a ¢1.810 millones, en el 2007, por ejemplo.
En el 2009, la Contraloría General de la República solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación contra Daniel Gallardo, actual jefe de despacho de Gonzalo Ramírez, presidente del Congreso, por supuestos vínculos con el contratista y con el propietario de la sociedad Tajo Chirripó S. A., de nombre Mario Curbelo.
Tanto Irías como Curbelo habían sido clientes de Gallardo cuando este ejercía la abogacía, antes de asumir la dirección de la Comisión de Emergencias en el 2006.
La salida del jerarca de la CNE fue anunciada, el 18 de marzo del 2009, por el entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, horas después de que un periodista de La Nación entrevistara a Gallardo sobre la adjudicación de ¢3.692 millones en contratos a esos dos empresarios.
DEL ARCHIVO: Interpelado sobre contratos, Daniel Gallardo renunció a CNE
Nexo. A finales de 2007, Juan Carlos Bolaños se asoció con Irías Hernández y la Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A. (CIEA), para participar en una licitación de ¢1.500 millones en la Comisión de Emergencias. Lo hizo representando a la sociedad JCB Alquiler de Maquinaria S. A., actualmente conocida como JCB Constructora y Alquiler S. A. De esa manera, conformaron el consorcio JCB-CIEA.
Tajo Chirripó también aparece en los documentos que el consorcio JCB-CIEA aportó a la CNE cuando presentó su oferta, la cual incluyó una carta de recomendación en favor de la compañía de Martín Irías.
Así consta en el expediente de esa contratación por emergencia Nº. 010-2007 para la reconstrución de cuatro kilómetros de carretera de la ruta nacional N°. 36, en el tramo entre Bribrí y Sixaola, en Talamanca, trecho que se vio afectado por el desbordamiento del río Sixaola, a finales del 2004.
Esa obra fue adjudicada, en mayo del 2008, al nuevo consorcio por ¢1.493 millones. Su oferta fue la más baja de las tres presentadas. También, concursaron las constructoras Meco y Hermanos Brenes.
Este fue el primer contrato grande que Bolaños obtuvo en la CNE. Antes de eso, la adjudicación más alta que había conseguido fue por ¢250 millones. Después de esto, logró acumular unos ¢7.000 millones en contrataciones en esta institución hasta el 2017.
Ajuste clave. Daniel Gallardo emitió la orden de adjudicación a JCB-CIEA luego de una recomendación de la jefa de Proveeduría de la CNE, Julieta Murillo Zamora, quien también fue investigada por la Fiscalía. Ambas acciones se concretaron el 13 de mayo del 2008.
Antes de la adjudicación, Gallardo ordenó suspender el concurso para poder modificar el cartel de licitación. Su objetivo era eliminar un requisito que exigía a los oferentes superar cierto grado de calificación financiera.
“En razón de haberse detectado errores en el cartel de la contratación por Emergencia Nº. 010-07, con instrucciones de Daniel Gallardo Monge, presidente de la CNE, se acuerda detener el proceso de apertura de la mencionada contratación hasta nuevo aviso”, señala el oficio PRE-314-07 del 21 de febrero del 2007, del entonces director ejecutivo de la Comisión, Gilberth Jiménez, actual alcalde de Desamparados.
Luego, se hizo un cambio en los requisitos y se estableció que resultaría adjudicataria de la licitación "aquella oferta que cumpla con los requerimientos técnicos legales esenciales y que sea la que obtenga el mayor puntaje de calificación”, para lo cual solo se contemplaba el precio, el plazo de ejecución y la experiencia de la empresa.
DEL ARCHIVO: Ministerio Público allana oficinas centrales de CNE
En una nota enviada a la CNE, el 3 de abril del 2008, Bolaños reconoció que el primer cambio en el cartel lo favoreció pues, de lo contrario, no hubiese podido participar en la licitación.
“Dicho cartel fue objeto de una modificación relevante en esa materia pues se eliminaron por completo tales exigencias y metodologías de evaluación financiera, a fin de ampliar las posibilidades de participación de empresas de pequeño y mediano tamaño que, sin embargo, están en capacidad suficiente de ejecutar, sin ningún inconveniente, los trabajos objeto de esta licitación”, señaló.
Ante la insistencia de los departamento Legal y Administrativo Financiero de la CNE de que era necesario analizar la sostenibilidad económica de los oferentes, debido a que el costo de la obra era significativo (unos ¢1.500 millones), Bolaños escribió: ”El nuevo texto del cartel modificó de manera significativa el sistema de calificación de las ofertas, contemplando nuevos factores de evaluación distintos de los parámetros financieros eliminados”.
Se desmarca. El consorcio JCB-CIEA solo duró un año y cuatro meses porque, en abril del 2009, Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A. le cedió los derechos económicos del contrato a JCB Alquiler de Maquinaria S. A.
Lo anterior ocurrió el 3 de abril de ese año, solo tres días después de que la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Anticorrupción allanó las oficinas centrales de la Comisión por los presuntos vínculos de Gallardo con sus dos exclientes: Irías y Curbelo.
Ante los hechos imputados, el 24 de julio del 2009, Juan Carlos Bolaños envió una nota a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la CNE desligándose de Martín Irías.
“Es mi deseo aclararle que mi representada JCB Alquiler de Maquinaria S. A. no tiene ninguna relación con la Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. R. L., más que la participación en consorcio que se hizo en el proyecto en referencia”, señala el documento.
Al final, JCB no concluyó la reconstrucción de la ruta 36. La sucesora de Gallardo, Vanessa Rosales, negoció, a partir de julio del 2010, una recesión por mutuo acuerdo y se le reconoció a esa empresa el dinero invertido.
Bolaños alegó que esa suma ascendía a ¢625 millones, de los cuales, ¢311 millones correspondían al rubro de “maquinaria ociosa”.
“Se me ofreció una rescisión por mutuo acuerdo o ir a juicio, elegí la rescisión por mutuo acuerdo. La CNE y su Junta Directiva decidieron no ejecutar el proyecto por interés público. Mi reclamo era ese monto, la rescisión por mutuo acuerdo fue mucho inferior”, dijo a este medio el dueño de Grupo JCB sin especificar el monto exacto.
Mientras, Rosales alegó: “Había sido un proceso que se le había adjudicado a don Juan Carlos en un consorcio con otra empresa, en el año 2007, cuando yo no estaba en la Comisión. Por razones que no logro precisarle en este momento, el proyecto no había avanzado nada o casi nada y cuando yo llego a la Comisión en el 2009, encontré ese y otros más que tenían muy poco avance.
”Entonces las primeras intenciones fue tratar de retomar todos los procesos que estaban atrasados o detenidos, este en particular, no se pudo enderezar al final, tenía algunas carencias incluso a nivel de cartel, si no recuerdo mal, entonces lo que hicimos fue negociar una recesión por mutuo acuerdo”, aseveró la exfuncionaria.
Caso desestimado. El Ministerio Público imputó, por el presunto delito de peculado, a Daniel Gallardo y a Julieta Murillo, entonces compañera sentimental de Manuel Pastrana Gutiérrez, quien también laboró como abogado de los empresarios Irías y Curbelo y fue asesor legislativo de Gallardo (1998-2002).
Dicho caso fue investigado por la Fiscalía y, en junio del 2011, el Juzgado Penal de Hacienda dictó una desestimación en favor de los sospechosos.
Legalmente, el Ministerio Público solicita la desestimación cuando el hecho denunciado no constituye un delito o cuando no existen pruebas suficientes para proceder. Un fallo en ese sentido no impide la reapertura del procedimiento, sí existen nuevos indicios.
En la actualidad, Juan Carlos Bolaños se encuentra en la mira de los diputados, del Ministerio Público y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por un préstamo de $25 millones que le concedió el Banco de Costa Rica (BCR) a una de sus empresas, Sinocem Costa Rica, para importar cemento desde China.
Niegan relaciones. Bolaños negó tener un ligamen con Gallardo y con Irías. Sobre el primero, afirmó que lo conoció en las visitas de campo oficiales a las emergencias e inspecciones de los proyectos y que desconocía la relación entre Irías y Gallardo.
Sobre su exsocio, dijo que lo conoció en “las visitas de preofertas que se realizan para contratar para el Estado” y que su relación contractual se limitó al proyecto de reconstrucción de la ruta 36.
Gallardo también se desligó. Aseguró que Juan Carlos Bolaños ya era proveedor de la CNE cuando él asumió la Presidencia Ejecutiva de la Comisión, al tiempo que negó haberle prestado servicios profesionales a Irías.
“Debo aclarar que el señor Irías no era cliente mío. Mi cliente era el señor Mario Curbelo a quien el señor Irías le vendió una propiedad”, aseveró.
En la investigación que La Nación publicó en el 2009, Irías reconoció que fue cliente de Gallardo, pero rechazó que eso haya incidido en sus contrataciones con la CNE.
Crecen los contratos. En el 2005, Constructora Industrial Especializada del Atlántico facturó a la CNE ¢34,8 millones, mientras que JCB Alquiler de Maquinaria S. A. ¢13,2 millones. Luego, en el 2006, con el cambio de gobierno y la llegada de Gallardo a la Comisión, la facturación de la primera compañía se multiplicó varias decenas de veces.
En el 2006, la constructora del cliente de Gallardo obtuvo contratos por ¢182 millones; en el 2007 recibió ¢1.810 millones y en el 2008 ¢1.597 millones. Para un total de ¢3.589 millones en ese periodo.
JCB, por su parte, recibió adjudicaciones por ¢302 millones en el 2006 y dos años después los contratos ascendieron a ¢1.270 millones, es decir, ¢1.572 millones en ese lapso de tiempo.
Juan Carlos Bolaños: 'No sabía que el señor Gallardo era su abogado'
El dueño del Grupo JCB, Juan Carlos Bolaños, asegura que él, mediante su empresa JCB Alquiler de Maquinaria S. A. —ahora JCB Constructora y Alquiler S. A.—, se asoció con Martín Irías Hernández, representante de la Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A. (CIEA), en el 2008, por la "mucha experiencia" que esa firma tenía en la construcción de gaviones.
Al mismo tiempo, negó saber de la relación comercial que Irías tenía con Daniel Gallardo, entonces presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), donde JCB y CIEA ganaron una licitación por casi ¢1.500 millones, bajo la figura de un consorcio.
A continuación la entrevista que Bolaños concedió a La Nación por escrito:
-¿Cómo conoció a Martín Irías Hernández de Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A.?
En las visitas preofertas que se realizan para contratar para el Estado.
-¿Por qué se asoció con él para concursar por la contratación por emergencia Nº. 010-2007 de la CNE?
Él tenía mucha experiencia en las obras de gaviones y colchonetas de gaviones, experiencia necesaria en esa contratación dada su construcción.
-¿Conocía la relación contractual que Irías Hernández tenía con el entonces presidente de la CNE, Daniel Gallardo? ¿Sabía usted que Gallardo era abogado de él antes de asumir la Comisión?
No tenía idea, y no sabía que el señor Gallardo era su abogado.
-¿Usted conoce a don Daniel Gallardo? ¿De dónde? ¿Se reunió con él fuera de la CNE? ¿Dónde? ¿Tiene alguna relación de amistad? ¿Desde cuándo?
Sí, de la CNE. En las visitas de campo oficiales de las emergencias e inspecciones de los proyectos. No, ninguna (relación de amistad).
-¿Daniel Gallardo le ha ofrecido algún tipo de servicio profesional a usted o a alguna de sus compañías? ¿Cuándo y por cuáles servicios?
No. Nunca me ha ofrecido sus servicios profesionales.
-¿Por qué Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A., le cedió los derechos económicos del contrato a JCB Alquiler de Maquinaria S. A. en abril del 2009?
Porque el señor Irías no quería reclamarle o demandar por daños a la CNE en ese momento, y mi representada sí.
-¿Influyó la investigación que el Ministerio Público inició en ese entonces contra Gallardo por los contratos dados a Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A.?
-No para nada.
-¿Por qué usted envió, el 24 de julio del 2009, una nota a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la CNE desligándose de Martín Irías? ¿Por qué se vio en esa necesidad?
Ese es el procedimiento correcto de actualización de los contratos, notificar los hechos relevantes a la administración para su conocimiento y archivo. Por transparencia y buen proceso.
-¿Por qué negoció con la CNE una recesión por mutuo acuerdo de ese proyecto? ¿Por qué el proyecto no se pudo concretar? ¿La CNE le reconoció los ¢625 millones que usted dijo que había invertido?
Se me ofreció una rescisión por mutuo acuerdo o ir a juicio, elegí la rescisión por mutuo acuerdo. La CNE y su Junta Directiva decidieron no ejecutar el proyecto por interés público. Mi reclamo era ese monto, la rescisión por mutuo acuerdo fue mucho inferior.
Daniel Gallardo: 'El señor Irías no era cliente mío'
Alega que partipó en el traspaso de una propiedad que él vendió a un cliente suyo, Mario Curbelo, de la sociedad Tajo Chirripó S. A., también proveedor de la Comisión.
Su nexo con Irías y Curbelo fue investigado en el Ministerio Público debido a que esos dos proveedores multiplicaron sus adjudicaciones en la CNE durante el tiempo que Gallardo estuvo en la Presidencia Ejecutiva de esa institución.
En ese tiempo, Irías obtuvo una licitación por ¢1.500 millones tras asociarse con una de las compañías del empresario Juan Carlos Bolaños, dueño del Grupo JCB.
Gallardo niega cualquier tipo de relación con Bolaños. A continuación la entrevista escrita que concedió a este medio:
-¿Cuándo conoció a Juan Carlos Bolaños?
En el año 2006 cuando entré a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
-¿Cómo lo conoció?
Él era proveedor de la CNE desde el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), antes de que yo fuera presidente de esta institución.
-¿Se reunió con él en la CNE y fuera de la CNE?
Lo atendí varias veces en mi oficina con los ingenieros y otros funcionarios para discutir temas de trabajos que él estaba realizando para la CNE
-¿Dónde?
En las oficinas de la CNE.
-¿Tiene alguna relación de amistad con él?
Ninguna.
-¿Usted le ofrece o le ha ofrecido algún tipo de servicio profesional a Juan Carlos Bolaños o a alguna de sus compañías?
No, nunca le he hecho, ni le he ofrecido servicios profesionales ni de ningún otro tipo a Juan Carlos Bolaños ni a ninguna de sus empresas.
-¿Recuerda cómo llegó él a ser proveedor de la CNE?
No lo sé, yo no lo llevé a la CNE. El señor Bolaños era proveedor de la Comisión muchos años antes de que yo fuera presidente de esa institución.
-¿Usted sabía que para la contratación por emergencia Nº. 010-2007 (reconstrucción de la ruta 36 Bribrí-Sixaola) una empresa de Juan Carlos Bolaños se asoció en el año 2008 con Martín Irías Hernández, representante de Constructora Industrial Especializada del Atlántico S. A., quien había sido cliente suyo cuando usted ejercía como abogado?
Inicialmente no sabía que el señor Bolaños y Martín Irías se habían asociado. Me enteré que habían participado juntos cuando inició la obra.
"Pero, además, debo aclarar que el señor Irías no era cliente mío. Mi cliente era el señor Mario Curbelo a quien el señor Irías le vendió una propiedad".
-Usted dejó su cargo como presidente de la CNE en el 2009 luego de que un periodista de La Nación le consultó sobre su relación con Irías y otro excliente suyo, Mario Curbelo, de la sociedad Tajo Chirripó S. A.
Eso es absolutamente falso. En primer lugar, hay que aclarar que yo había presentado mi renuncia, por razones
de salud, primero en diciembre del año 2008, pero el Gobierno no me la aceptó. No es cierto que renuncié por esa entrevista, ni por el tema de esa entrevista como erróneamente publicó La Nación en aquel momento.
En marzo del 2009, presenté de nuevo mi renuncia pues el trabajo de la CNE, en medio del terremoto de Cinchona, y la atención de tantas emergencias en aquellos años, colapsó mi salud.
-En el 2011, el Juzgado Penal de Hacienda desestimó el caso en su contra, ¿por cuáles razón se dictó el sobreseimiento?
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el día 17 de enero del 2012, después de una investigación
de tres años que hizo el Ministerio Público, dictó una desestimación de la causa, porque el juez determinó que las actuaciones mías fueron apegadas al ordenamiento jurídico, fueron transparentes y que en ningún momento beneficié
absolutamente a nadie.
-¿Fue un error haber renunciado ese año?
No fue un error. Renuncié por el desgaste físico que estaba sufriendo producto del terremoto de Cinchona.
-¿Se vio presionado a renunciar?
No, más bien el presidente (Óscar) Arias y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, querían que yo permaneciera al frente de la Comisión de Emergencias.
