Los diputados aprobaron esta martes una moción que permitiría al Ministerio de Seguridad, por una única vez, contratar 1.000 policías con el dinero que generaría el impuesto a las personas jurídicas, el cual todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa.
El texto original (expediente 19.618) impedía invertir los recursos del tributo en el pago de salarios, pues se enfocaba en infraestructura para delegaciones policiales y compra y mantenimiento de equipo. De hecho, expresamente prohibía usar los recursos en remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte.
La moción aprobada esta tarde señala: “Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública para que al amparo de esta ley, y por una única vez, cree 1.000 plazas policiales, cuyos costos podrán ser cubiertos, durante toda su existencia, por los recursos provenientes de la presente ley”.
En octubre, cuando el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, amenazó con renunciar si no se le otorgaban más recursos para contratar policías, las bancadas del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) le advirtieron al Gobierno de que el impuesto no permitiría contratar más oficiales.
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En medio de la ola de asesinatos, acaecida especialmente en San José y Limón, Mata alegó que el país necesitaba de al menos 18.000 policias y que, hoy, tiene 14.200.
Él sostuvo que Costa Rica debería tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy, la tasa es de unos 240 por cada 100.000.
La moción para introducir la opción de contratar 1.000 policías más contó con el apoyo de 34 diputados de Acción Ciudada (PAC), Liberación Nacional (PLN), PUSC, Frente Amplio y Restauración Nacional; y fue rechazada por siete legisladores.
Votaron en contra Otto Guevara y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Carlos Hernández y Ligia Fallas, del Frente Amplio; y Abelino Esquivel y Gonzálo Ramírez, de Renovación Costarricense.
Actualmente, el proyecto de ley que busca revivir ese tributo se discute en el seno del Plenario y se prevé que el próximo jueves se apruebe en primer debate.
El impuesto a las personas jurídicas se cobraría anualmente así:
Sociedades inactivas: ¢64.000
Sociedades con ingresos menores a ¢51 millones: ¢106.000
Sociedades con ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones: ¢127.000
Sociedades con ingresos mayores a ¢119 millones: ¢212.000
El cambio se introdujo al aprobarse una moción de reiteración que antes había sido desechada en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Un 90% de la recaudación del impuesto se destinaría para la Fuerza Pública, un 5% para el Ministerio Público y un 5% para el Organismo de Investigación Judicial.
No obstante, la recaudación del dinero de este tributo no sería tan rápida. Por un lado, el libertario Otto Guevara prepara una consulta de constitucionalidad con el fin de atrasar la entrada en vigencia del proyecto, y si es posible anularlo. Si se atrasa hasta octubre del 2017, como él pretende, el impuesto a las sociedades existentes no se podría cobrar en el 2017. Solo se le podría facturar a las nuevas personas jurídicas.
Además, el Registro Nacional, ente recaudador del impuesto, ha tenido dificultades para cobrar este mismo tributo en el periodo que estuvo vigente, entre el 2012 y el 2015 antes de que la Sala IV lo anulara por razones de procedimiento. A la fecha, de hecho, hay más de 336.000 sociedades morosas.
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Impulsores. La moción de los 1.000 policías fue presentada por los diputados del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora y Víctor Morales Zapata.
En un principio, la modificación encontró la oposición de los legisladores Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Rosibel Ramos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes acusaron al Gobierno de populista.
No obstante, ahora Ramos y sus compañeros de fracción Luis Vásquez, Johnny Leiva y William Alvarado se apropiaron de la moción de Mora y Morales, la cual fue solicitada por el ministro de Seguridad, Gustavo Mata.
“Gracias a Dios hoy ya el destino del impuesto no será solamente para construcción de delegaciones, para equipamiento, sino también para contratar 1.000 plazas que ahora van a tener un contenido presupuestario fijo por el resto del tiempo que viva este impuesto”, dijo Ramos.
Por su parte, la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, alegó que su bancada siempre estuvo a favor de crear más plazas para la Fuerza Pública.
“La necesidad de las 1.000 plazas que fue manifestada por el Gobierno fue acogida desde un principio por la fracción de Liberación y desde ese momento hemos insistido en que íbamos a apoyarla porque estamos conscientes que el proyecto de ley no traía la posibilidad de contratar plazas nuevas”, dijo la verdiblanca.
El diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo, se mostró satisfecho con la inclusión de esas plazas.
“Para nosotros es satisfactorio porque puede darle al Ministerio la capacidad para contratar policías sin tener que hacer otros movimientos presupuestarios como hubiese tenido que hacerse en ausencia de esta aprobación y lo más importante de todo es que fue una solicitud hecha por el Gobierno y fue acogida por los diputados. Aunque ahora haya una fracción, la del PUSC, queriendo sentirse dueña de esta moción, al final fue una solicitud hecha por el señor ministro y acogida por los miembros de la comisión y que hoy, mediante el artículo 208 bis (del Reglamento de la Asamblea) se logra aprobar”, declaró Redondo.