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A pedido del Gobierno, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) está modificando sus planes de estudio para incluir la enseñanza de conceptos de la economía social solidaria, como cooperativismo y sindicalismo.
De esta forma, la institución creada hace 50 años para brindar capacitación técnica gratuita, hace ajustes para incluir en todas sus clases una materia que genera recelo y temor entre empresarios y diputados.
“Nos da miedo, porque cuando se habla de economía social solidaria, uno sabe de muchas experiencias que se dan en países de izquierda”, aseveró la legisladora socialcristiana Rosibel Ramos.
La entidad ya inauguró en San Pablo de León Cortés, una sede especializada en ese modelo, donde su personal está recibiendo capacitación para transmitir luego el nuevo conocimiento.
En dicho recinto, rótulos con leyendas como “Priorizar los intereses del colectivo sobre los individuales” decoran paredes.
Además, en el Instituto se utiliza un documento titulado La economía social solidaria como instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible , como base para el proceso de formación de los docentes.
El texto reza que la “empresa de capital tiene poca o ninguna conciencia crítica del trabajador” y que las firmas de la economía social solidaria son “un instrumento formador de compromiso y conciencia crítica”.
Nada de izquierda. El presidente ejecutivo del INA, Minor Rodríguez, sostiene que la economía social solidaria no tiene “nada que ver” con la izquierda y que este modelo puede convivir con la empresa privada.
Rodríguez afirmó que el cambio en los planes de estudio de la entidad responde a una solicitud de la administración de Luis Guillermo Solís, que decidió darle “mucha importancia” a este modelo de asociación.
Los principales promotores del sistema son Víctor Morales Zapata, diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y amigo cercano al presidente Solís, y el viceministro de Trabajo, Hárold Villegas.
Morales lidera una comisión en la Asamblea Legislativa que redacta un proyecto para definir en qué consiste ese sistema y cuáles son sus alcances. No obstante, el término ya se incluyó en la Estrategia Nacional de Empleo.
Rodríguez explicó que dicho sistema incluye, además de los conceptos de sindicalismo y cooperativismo, otros como solidarismo, el Magisterio y las mutuales, así como las asociaciones de productores y de profesionales.
El jerarca alegó que la intención es exponer las ventajas y desventajas de modelos donde no hay niveles jerárquicos, sino que sus agremiados tienen el mismo poder de decisión, y los mismos beneficios y compromisos.
Sostuvo que este tipo de figuras permitiría prolongar la vida de las pequeñas empresas que, según dijo, suelen desaparecer a los tres años bajo la figura de la sociedad anónima.
“Un gran número de los emprendimientos mueren en el intento, pero nosotros creemos que si los ayudamos a asociarse, a fortalecer los encadenamientos y la relación con el ecosistema empresarial, eso les puede ayudar a ser más sostenibles; es ahí la apuesta por la economía social solidaria”, expresó Rodríguez.
Inquietos. Los ajustes en los programas de capacitación del INA encendieron las alertas en el sector empresarial y en algunos diputados, quienes temen que a los alumnos se les instruya con doctrinas de izquierda.
La preocupación nace porque, según ellos, el Poder Ejecutivo no ha definido cuáles serán los alcances del término de “economía social solidaria” en el país.
Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo temer que el Instituto pueda modificar sus prioridades.
“Vemos con gran preocupación que se le vaya a cambiar al INA su objetivo, que es capacitar personal técnico (…).
”El INA tiene una función muy definida y es aprovechar los fondos del sector empresarial para formar personal técnico, darles empleo a los costarricenses y darle mano de obra al sector empresarial. No quisiéramos verlo dando cursos, por ejemplo, de doctrina política”, dijo Jiménez.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rosibel Ramos, también duda.
“Sabemos que en Venezuela y en otros países se iniciaron programas de este tipo y a nosotros nos preocupa mucho que eso mismo se quiera hacer en Costa Rica”, aseveró.
Ottón Solís, legislador de Acción Ciudadana, consideró que el INA podría estar violando la Carga Magna al incluir este concepto en sus planes de estudio.
“El INA fue creado para que capacitara a trabajadores, para que aprendieran oficios, para que aprendieran de administración. No fue creado para que aprendieran una forma ideológica de organizar la actividad productiva.
”La Constitución reconoce la empresa privada y formas asociativas de producción como el cooperativismo, pero complementando, no compitiendo”, dijo.
Minor Rodríguez, jerarca del Instituto, replicó que el cambio no pretende bajar la atención a la industria normal.
“Pero, ciertamente, hay que favorecer a los pequeños productores, emprendedores y empresarios para que puedan, de alguna manera, asociarse en figuras de economía social”, aseveró.
