El proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, aprobado en primer debate este jueves en el plenario del Congreso, le permitirá a la Dirección General de Tributación acceder, en tiempo real, a las facturas que emitan tanto los comercios como los profesionales que presten servicios al público.
Así lo permite el artículo 2 de la iniciativa aprobada con el voto de 42 legisladores, donde además se establece la obligación de todos los comercios y profesionales liberales de emitir facturas electrónicas.
Eso sí, la iniciativa fija un plazo de dos años para que esta obligación entre totalmente en vigencia, con tal de darle tiempo a los comercios y otros obligados para que tengan los mecanismos adecuados para el sistema electrónico de facturación.
Tal como lo expuso Hacienda ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Congreso, donde se tramitó este plan bajo el expediente legislativo 19.245, el acceso a facturas electrónicas permitirá un mejor control sobre el pago de los impuestos, aunque no todos los emisores de facturas tengan que cobrar el impuesto general sobre las ventas a sus clientes.
La disputa de los vouchers. Esta discusión sobre la facturación electrónica fue una de las últimas disputas de la alianza opositora (conformada por Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, entre otros partidos políticos), dentro del trámite del proyecto contra el fraude fiscal.
Esas fracciones apoyaron, el martes 6 de setiembre, una moción para reformar el proyecto de ley donde buscaron hacer valer los vouchers (recibos de pagos hechos con tarjetas de crédito o débito) como comprobantes de gastos reconocibles ante la Dirección de Tributación.
Sin embargo, Hacienda, así como diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio, se opusieron y convencieron a los tres liberacionistas en la Comisión Hacendarios para echar atrás con su pretensión.
Ese reconocimiento de los vouchers fue una solicitud de las cámaras empresariales y sus abogados tributaristas, quienes intentaron incidir con mociones redactadas por ellos en la fase final del trámite del plan contra los defraudadores fiscales.
“Queríamos reconocer el voucher como un comprobante de gastos válido ante Tributación, pero no se pudo. Será en otra ocasión”, dijo el jueves Rosibel Ramos, la congresista socialcristiana que preside Hacendarios.
Para el Ministerio de Hacienda, ese papelito que sale de los datáfonos no es válido, pues no aporta información sobre los bienes o servicios facturados.
Obligaciones de terceros. Además del acceso a la facturación en tiempo real, el proyecto aprobado por los legisladores en primer debate crea las responsabilidades tributarias de terceros.
Esto significa que los asesores tributarios (sean abogados o contadores) que recomienden o ayuden a un contribuyente a hacer declaraciones de impuestos incompletas, se expondrán a sanciones y al cobro de la deuda tributaria, de forma solidaria.
Así, si Tributación persigue a un evasor y no logra dar con él, podrá imponer el pago de los tributos adeudados al asesor que haya firmado la declaración de impuestos irregular.
El frenteamplista José Ramírez destacó que este fue uno de los puntos que lograron mantener en la iniciativa, ante “los avances de las corporaciones empresariales para vaciar de contenido el proyecto de ley”.
Otro de los cambios introducidos es que Tributación podrá pedirle a un juez el embargo de bienes de sospechosos de evasión.
El plan, además, fija la entrada en funcionamiento del polémico registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las empresas, lo que deberá suceder el 1.º de enero del 2019.