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El Gobierno desembolsará ¢7.000 millones por 10 terrenos que un finquero inundó en 1998, debido a que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no invirtió ni una milésima parte de ese monto para reparar el daño, tal como se lo exigió una orden judicial en el 2001.
Se trata de 1.800 hectáreas, ubicadas en la antigua localidad de Caño Blanco, en el distrito de Buenavista de Guatuso, provincia de Alajuela. Las propiedades quedaron anegadas luego de que Asdrúbal Campos Campos desvió el cauce del río Buenavista para secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.
El caso fue denunciado ante el Tribunal Penal de San Carlos, que en el 2001 multó al finquero con ¢100.000 y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó.
En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del Minae que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.
De hecho, en una respuesta al Tribunal de San Carlos en setiembre del 2011, las autoridades del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, adujeron que, en el 2002, intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ¢2.550.000 para hacerlo.
En la misma respuesta, afirmaron que en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ¢1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.
“A la fecha de hoy 28 de setiembre de 2011, no se ha realizado ninguna obra de enmienda o restauración a su estado original, a los trabajos de drenaje realizados por parte del imputado”, dice la carta de respuesta al tribunal.
Nuevo humedal. De acuerdo con el Minae, la construcción de un drenaje de 800 metros de largo, dos de ancho y 1,5 metros de profundidad convirtió los terrenos en un solo humedal con “vida propia y alta biodiversidad”.
Según el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, los 23 copropietarios de las 10 fincas afectadas por Campos esperan una respuesta del Gobierno.
Para el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, ahora la única opción es añadir los terrenos al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, pues adujo que no es posible echar atrás el daño.
“Hubo inacción de parte del Ministerio de Ambiente, es culpa de las autoridades. Ese es el gran problema, la inactividad y complacencia”, aceptó Gutiérrez.
Para el jerarca, es una mejor opción pagar por las tierras ahora, antes de que los propietarios decidan ir ante el Tribunal Contencioso-Administrativo a reclamar por los daños y la negligencia de los cuatro gobiernos anteriores para resolver el asunto.
Gutiérrez cree que eso le costaría al Estado hasta ¢20.000 millones, entre el valor de las tierras y la indemnización a los propietarios por la pérdida de las fincas ante la negligencia del Minae.
El 2 de junio de este año, los diputados aprobaron, en un presupuesto extraordinario, los primeros ¢2.000 millones para comprar las tierras inundadas.
El Minae añadirá las 1.800 hectáreas a las 9.969 de Caño Negro, pues el ministro aseguró que ya el humedal se ha convertido en una especie de pulmón y hábitat para especies de flora y fauna.
La mayoría de los afectados se fue de la zona e hizo vida en la localidad de Tiales. Juan Carlos Averruz, por ejemplo, levantó una nueva casa, pero visita sus 200 hectáreas perdidas bajo el agua de vez en cuando.
Martha Jiménez reclama que el Estado no les ayude y añadió que, si bien antes no eran millonarios, vivían con dignidad. Ahora trabaja en lo que pueda, para sostener a su familia.
