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El Gobierno anunció anoche que les otorgará un alza salarial del 0,08% a los empleados públicos para el segundo semestre (¢80 por cada ¢100.000), al argumentar que la situación de las finanzas públicas impide conceder un aumento mayor.
A las 6:28 p. m., los ministerios de Trabajo y Hacienda comunicaron la decisión. “Hicimos un esfuerzo por dar una cifra diferente de la que nos daba la fórmula. Sin embargo, las condiciones económicas del Gobierno Central no nos permiten hacer una erogación mayor”.
Pese a la molestia de los sindicatos, la administración de Luis Guillermo Solís alegó que la decisión se fundamenta en la fórmula de ajuste salarial aprobada tanto por el Gobierno como por los gremios, en el 2007, que consiste en reconocer la inflación del semestre anterior.
“El respeto a esta fórmula posibilitó a los funcionarios gubernamentales recibir un ajuste superior al 4% hace un año, debido a que esa fue la inflación del primer semestre del 2014. Hoy, la realidad es otra y debemos supeditarnos a ello”, declaró el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum.
Anteayer, el presidente Solís rechazó la posibilidad de modificar el monto que arrojaba la fórmula, aunque el Ministerio de Trabajo se había comprometido con los sindicatos a analizar las opciones de variar el ajuste estimado hace dos semanas.
El mandatario sostiene que el Gobierno no aguanta un año más con las condiciones económicas actuales pues el déficit podría llegar al 6,4% el próximo año.
Solís urge la aprobación de nuevos impuestos, al tiempo que, en el campo salarial, desistió de promover reformas para atenuar el costo de los pluses a los empleados públicos.
Anoche, el viceministro de Trabajo añadió: “Las finanzas públicas muestran un marcado nivel de deterioro en los últimos años, producto del déficit fiscal que manejamos. Esto nos lleva a una proyección de un déficit cercano al 6% para este año, por lo que resulta imprescindible contener el gasto”.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), calificó el alza de burla. “Esto no es ajuste de ningún tipo. El Gobierno ha tenido una política de congelamiento de salarios, va a seguir lo que dicen el Fondo Monetario y el Banco Mundial”.
Según Cascante, todos los ministerios tenían presupuestado un ajuste mayor, pero no lo aplicarán con la política de “austeridad” que “han venido a meter”.
Wálter Quesada, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmó que la próxima semana se discutirán las medidas por tomar. “Tenemos una ley de inquilinato que todos los años le sube al inquilino un 15% automáticamente, lo que refleja que el índice de inflación no es la realidad”, dijo.
Por otra parte, el Gobierno accedió a ajustar el salario escolar de un 8,19% a un 8,33%, en forma paulatina, a partir del 2016. Colaboró Daniela Cerdas
