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El vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación, Leonardo Garnier, son investigados por el Ministerio Público por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor de la consultora, Florisabel Rodríguez.
La Fiscalía agrega así presión sobre el gobierno de Laura Chinchilla, que decidió mantener en el cargo a Liberman y a Garnier luego de que un informe de la Procuraduría de la Ética que les atribuyó “violaciones a la ética”. Esa fue su conclusión tras analizar las cartas escritas en favor de una empresa de Rodríguez para optar por un contrato de ¢17 millones en Recope.
Ayer se conoció que el caso se investiga ahora desde lo penal, para dilucidar si Garnier y Liberman violaron o no el artículo 52 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Si se determina que sí lo violaron, se exponen a la destitución y a una pena de entre dos y cinco años de cárcel.
El órgano acusador del Estado decidió comenzar la investigación sin que existiera denuncia alguna, explicó ayer el fiscal general, Jorge Chavarría, quien deberá encargarse del caso por tratarse de dos altos jerarcas del Gobierno.
El vicepresidente Liberman dijo ayer que ya conocía de la investigación de la Fiscalía, y que le alegra, “porque este sí es un proceso formal”, en contraposición a su opinión sobre los procedimientos de la Procuraduría de Ética.
“Ellos hacen su trabajo y yo no me puedo referir al detalle. Esto es algo que esperábamos”, dijo.
Garnier, por su parte, contestó que respeta a “los tribunales”. “Estas cosas siempre a todo el mundo le preocupan cuando se dan estos procesos, pero estoy tranquilo”.
Visita de la Fiscalía. Este mismo martes, después de que Garnier rechazara cualquier error y criticara a la Procuraduría de la Ética, funcionarios de la Fiscalía visitaron su despacho y también el de Liberman para conocer cómo se emitieron las cartas en favor de Rodríguez. Ayer, Garnier dijo que desconocía que funcionarios hubieran visitado su despacho esta semana.
Esto ocurre casi cuatro meses después de que La Nación publicara la existencia de estas cartas para Rodríguez, quien asesoró a Laura Chinchilla en la campaña política y también en parte de este Gobierno, desde la Casa Presidencial.
La Fiscalía también desarrolla una investigación sobre el concurso abierto en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para el contrato de consultoría en imagen que, finalmente, se adjudicó a Procesos, firma ligada a Rodríguez, después de que los encargados solo invitaran a participar a tres ferreterías. Este mismo contrato está bajo investigación en la Contraloría General de la República (CGR), para que su División Jurídica decida si abre un procedimiento administrativo a jerarcas de Recope.
En paralelo. La Fiscalía pretende tener en dos meses la investigación sobre el contrato suscrito entre Recope y Procesos.
Entonces decidirán si piden o no el levantamiento de la inmunidad de Garnier y Liberman, explicó el fiscal general.
La cancelación de la inmunidad sería potestad finalmente del Congreso, donde la mayoría de diputados opositores lograron bloquear la agenda de proyectos como medida de presión para que Laura Chinchilla pida la renuncia a Liberman y separe a Garnier.
El jefe de los diputados liberacionistas, Fabio Molina, pidió ayer a la oposición levantar el bloqueo legislativo. “El caso Liberman y Garnier ya está en la Fiscalía. No vamos a aceptar que este poder de la República se quiera convertir en un tribunal político”.
