Por cobrar al TSE ¢209 millones en capacitaciones que habrían sido ficticias, el Ministerio Público pidió, este jueves, condenar con 16 años de prisión al vicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro.
La solicitud fue planteada ante el Tribunal Penal de San José por el fiscal Carlos Meléndez, quien le atribuye a Alfaro una supuesta estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y 191 presuntos delitos de uso de documento falso.
Por esas mismas faltas, la Fiscalía pidió 13 años de cárcel para el excontador del Partido, Róger Segura, quien también figura como imputado.
La pena planteada para Segura es menor, porque en criterio del Ministerio Público fue Alfaro quien “dirigió y gestionó” la inclusión de los 190 cursos, que en apariencia fueron falsos, dentro de la liquidación de gastos de la campaña presidencial del 2010.
Para el tercer acusado, Carlos Solano, quien era secretario de Capacitación del Libertario, la sanción solicitada fue de siete años de prisión, pues a él solo se le atribuye un presunto delito de estafa contra el TSE.
Meléndez, además, pidió que de resultar condenados, a los tres imputados se les impongan seis meses de prisión preventiva, mientras la sentencia toma firmeza.
Luego del planteamiento de la Fiscalía, La Nación intentó obtener una reacción de los tres acusados o bien de sus abogados, pero todos declinaron dar declaraciones hasta que termine el proceso judicial.
Líder. Sobre Ronaldo Alfaro, la Fiscalía considera que su actuar es “más reprochable” que el de los otros dos acusados, debido a que durante el proceso electoral del 2010, él ejercía como tesorero de la agrupación y, por ende, era quien tomaba las decisiones financieras en su calidad de “encargado de custodiar los fondos y evitar el despilfarro”.
Para Alexánder Valverde, el otro fiscal del caso, Alfaro actuó de forma contraria a sus obligaciones y, más bien, fue quien ideó recolectar firmas en actos proselitistas para posteriormente hacerlas pasar como listas de asistencia y así justificar el cobro de las capacitaciones ante el TSE.
Esa tarea –de acuerdo con la Fiscalía–, Alfaro se la encomendó a Carlos Solano, quien habría ido a conseguir las rúbricas a diferentes puntos de Alajuela, Heredia, San José y Puntarenas.
Incluso, Solano admitió, en el 2011, que las firmas fueron recolectadas hasta en el Tope de Palmares de un año atrás.
“Era él (Alfaro) quien dirigía esa empresa delictiva, fue él quien solicitó la recolección de las listas falsas”, insistió constantemente Valverde.
No obstante, su compañero Carlos Meléndez dejó claro que los tres son “coautores” y tienen la misma responsabilidad.
“Existió un complot entre los tres acusados y no como se ha querido hacer creer, que la responsabilidad es de otro o únicamente de Carlos Solano (...)”, expresó Meléndez.
Maquillaje. Róger Segura, por su parte, fue señalado por los fiscales como el “segundo hombre”, solo por detrás de Alfaro en la aparente estructura delictiva. Al tiempo que fue calificada como la persona que se encargó de “maquillar” la contabilidad del Partid, con el objetivo de “ocultar” o hacer creer al TSE que los cursos eran reales.
Además, se le atribuye ser uno de los artífices de la confección de las listas de asistencia ficticias.
Según una prueba grafológico, fue él quien redactó los encabezados de los listados, donde se detallaba, entre otras cosas, el día de la capacitación, el nombre del capacitador y la temática que se trató en la charla.
“Se creó una maquinaria fraudulenta para en definitiva estafar al Estado”, sentenció Meléndez.
Peón. Agregó que en el caso de Carlos Solano solo se pudo comprobar su participación en la recolección de firmas. Aunque concluyó que el exsecretario de Capacitación libertario solo siguió órdenes de su superior, en este caso, Ronaldo Alfaro.
Junto a los tres imputados, el Movimiento Libertario enfrenta una demanda del Estado.
La Procuraduría General reclama el pago de los ¢209 millones que le giraron a la agrupación de la deuda política y los intereses.
El juicio se encuentra en la penúltima etapa, en la fase de conclusiones, la antesala para que el Tribunal dicte una sentencia.