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El fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, Francisco Fonseca, ve con preocupación el ingreso de 200 personas del denominado “Triángulo norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) al país.
El fiscal Fonseca advirtió de que el ingreso de refugiados “nos va a complicar nuestra situación y nos enfrenta a riesgos tremendos”.
El pasado 26 de julio, el Gobierno de Luis Guillermo Solís firmó un acuerdo para otorgar visa humanitaria a 200 ciudadanos del “Triángulo norte” que aspiran a obtener refugio en terceros países, debido al riesgo que viven en sus naciones.
Se trata de un acuerdo de protección para la transferencia de refugiados (PTA), con la asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El destino de estas centroamericanos sería EE. UU., nación que acompaña el proceso de revisión de antecedentes de los solicitantes de refugio.
Estas personas ingresarían a Costa Rica con una visa humanitaria y no en condición de refugiados, señaló en su momento el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
El proyecto plantea que través de la coordinación con el Acnur y la OIM, “el Gobierno de los Estados Unidos podrá hacer una preevaluación de los solicitantes vulnerables que procuren protección”, señala un comunicado de la Embajada de EE. UU.
El documento dice que “tras la preevaluación inicial, este acuerdo permitirá que el Acnur y la OIM transfieran a Costa Rica a los solicitantes con mayor necesidad de protección inmediata, donde serán procesados como refugiados y reasentados en los EE. UU. o en un tercer país”.
Un tema de seguridad. El fiscal Fonseca considera que este tipo de medidas podrían afectar otras acciones que buscan mejorar la seguridad ciudadana y el ataque contra el crimen organizado.
Fonseca dio la declaración como parte de una entrevista con este diario, en la cual abordó el tema de seguridad y de las prioridades del Estado en la investigación y persecución de delitos.
“Dichosamente, nosotros tenemos una realidad diferente a la del “Triángulo norte”, hasta el momento, en nuestro país, el tema de las maras se encuentra en un estado incipiente, pero la migración de estas personas, que debemos recibir por derechos humanos, nos va a complicar”, dijo.
De acuerdo con la Embajada estadounidense, la selección de las personas beneficiadas responderá a un filtro previo, que permita garantizar que la implementación del acuerdo no implique un problema para el país.
Fonseca considera que el país debe manejar con cuidado el manejo con refugiados del “Triángulo norte”, en vista de la alto grado de peligrosidad de los grupos de delincuencia organizada en esas naciones.
“Aquí hay algo que sumar que es grave, estos países que han tenido estas luchas contra la delincuencia organizada tienen un Ejército, que han tenido que echar a la calle y, nosotros, ¿qué vamos a hacer?”, se cuestionó.
El fiscal considera que se debe ser muy celoso en el tema de seguridad y no apartarse de la realidad “para prevenir estar en lamentables situaciones”.
La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, indicó durante el anuncio del acuerdo en julio que Costa Rica fue elegida por la Acnur en vista de la estabilidad política y social que ofrece a los migrantes, cuyas vidas corren riesgo en sus países natales.
“El perfil de las personas que vendrán como parte de este convenio es de líderes y dirigentes ambientalistas, comunales y del movimiento LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales que son perseguidos y amenazados”, dijo.
