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Una resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, presentada este jueves al plenario y negociada entre todas las fracciones políticas, establece que solo las aeronaves de guerra con equipo, sea ofensivo o defensivo, tendrán que pasar el filtro parlamentario antes de su ingreso a Costa Rica.
Con esa decisión, el jerarca del Directorio, Rafael Ortiz, y los jefes de las nueve bancadas buscan zanjar el problema que implicaba tener que tramitar los permisos de ingreso, sobrevuelo y permanencia en suelo tico de naves extranjeras.
De hecho, en julio del 2013, la Sala Constitucional enfatizó que la potestad de aprobar esos permisos para aviones foráneos es exclusiva de los legisladores y, además, que es el Congreso el que debía establecer cuáles aeronaves se enmarcan en el mandato constitucional de permitir esos ingresos.
De la resolución se excluyó una serie de aviones, helicópteros y otros vehículos aéreos que antes solo pedían el permiso de ingreso directamente a la Dirección General de Aviación Civil, pero que, desde agosto pasado, engrosaban la agenda de trabajo del plenario.
Ortiz había intentado dictar esta misma resolución el 15 de octubre anterior, pero chocó con la oposición de diputados del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana (PAC), que temían una excesiva libertad de entrada al país de naves de guerra.
Sin artillería. En los últimos días, los diputados incluso habían dedicado buena parte de su tiempo a debatir sobre el ingreso de avionetas tipo Cessna o de aviones militares no artillados, a pedido de países como Perú, Estados Unidos, Canadá y México.
“Ha sido un trabajo de muchos compañeros, de diputados de todos los partidos; de Aviación Civil. Todos tenemos claro el respeto a nuestra Constitución, pero también tenemos una obligación muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico”, resaltó Ortiz.
Muchas de esas naves entran a Costa Rica en el marco del convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. En ese caso, los permisos se gestionan para periodos de hasta seis meses.
Para Gerardo Vargas, jefe del Frente Amplio, la medida soluciona la polémica y aclara los alcances de la potestad legislativa.
Ottón Solís, de Acción Ciudadana, reconoció no haber apelado la resolución aunque tenía reservas sobre los equipos que podrían considerarse ofensivos y defensivos, entre ellos tecnología de espionaje y recolección de datos con fines militares.
El libertario Otto Guevara y el liberacionista Rolando González también celebraron la medida propuesta por Ortiz, pues creen que ayudará a aligerar la agenda legislativa, sacando de ella la discusión de esas autorizaciones.
