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A partir del 5 de diciembre, la Sala Constitucional quedará impedida de votar incluso temas de urgencia, como reclamos por derecho a la salud, por falta de los siete magistrados que ordena la ley.
La advertencia la hizo ayer Ana Virginia Calzada, presidenta de esa instancia judicial, ante la negativa de los diputados a hacer los nombramientos necesarios.
Desde hace un año y casi nueve meses, los legisladores tienen pendiente la elección de un magistrado propietario. No obstante, por ausencias y falta de acuerdo no ha sido posible concretar la escogencia.
Ayer, por ejemplo, solo llegaron 36 diputados a la sesión de la mañana reservada para ese propósito. Con ese número no fue posible ni siquiera sesionar porque el quórum se forma con 38.
Los diputados también tienen en sus manos la selección de 14 magistrados suplentes de una lista de 28 candidatos que recomendó la Corte Plena.
Tampoco en este caso lograron algún pacto para acelerar el trámite y el proceso apenas comienza en la Comisión Legislativa de Nombramientos.
De continuar tal situación, la Sala Constitucional quedará el 5 de diciembre con solo seis magistrados propietarios y ningún suplente, pues ese día se le vence el nombramiento a los dos últimos.
Esa circunstancia impedirá dictar sentencia pues se incumple el artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
“A la Sala en pleno (7 magistrados) le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser motivados”, puntualiza la norma.
Además, dijo Calzada, la presidencia de la Sala queda con la facultad de tomar decisiones sin un pleno que las pueda revocar aun cuando sean equivocadas o peligrosas.
“Podría suspender las elecciones (de febrero)”, dijo, por citar un caso extremo.
Implicaciones. La mayor preocupación de Calzada son los cerca de 20 casos que resuelven a diario por derecho a la salud.
“Es gente con cáncer y cosas muy serias que no están siendo atendidos. Les pregunto a los señores diputados qué van a hacer con ellos”, añadió la magistrada.
También quedarán en suspenso resoluciones con implicaciones incluso políticas, como el recurso de amparo contra el proyecto de minería en Crucitas, San Carlos, cuya vista está para el 12 de noviembre.
A pesar de la urgencia, el nombramiento parece lejano.
De hecho, el jefe de fracción de Liberación Nacional, Jorge Méndez, cree que la tarea se quedará para después de los comicios del 2010.
“ Solo por las actividades que algunos diputados tienen en el resto de estos meses, más las incapacidades, va a ser difícil tener los votos suficientes para elegir al magistrado”, manifestó el legislador.
La oposición dice estar anuente a negociar.
Su condición es que el Poder Ejecutivo no intente meter mano para imponer candidato, como dicen que ocurrió el 8 de octubre, único día que estuvieron cerca de elegir al juez constitucional.
