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En la recta final del trámite del proyecto de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, los empresarios y sus asesores legales presionan a los diputados para reducir las pena mínima de cárcel por evasión tributaria, de cinco a dos años.
Así lo dejaron evidente ayer por la mañana, en una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda y los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
En la cita, insistieron en que se introduzca en el expediente 19.245 una modificación al artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para cambiar la sanción contra los evasores del fisco de manera que no se imponga prisión en el actual rango de 5 a 10 años, sino que baje a uno de 2 a 10 años.
De esa forma, el contribuyente al que la Administración Tributaria persiga por evasión de sus responsabilidades en el pago de los impuestos, podría acogerse a la ejecución condicional.
Entre los defensores de esta propuesta están los abogados tributaristas Adrián Torrealba, Allan Saborío y Francisco Villalobos, quienes asistieron este jueves al Congreso junto con Víctor Ruiz, presidente interino de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Además de solicitar la reducción del piso de las penas de cárcel, solicitaron a los legisladores considerar una moción para introducir, en ese mismo artículo, el dolo como parte del delito de evasión fiscal.
Medidas alternas. El argumento para la reducción del castigo es que eso permitiría la “aplicación de medidas alternas que sean mejores para la sociedad” y que la sanción penal sea un disuasorio, “y no en un imposible de aplicación, como (lo es) hoy”.
En el caso de incluir el dolo en la conducta evasora, los voceros de los empresarios aseguran que se evitaría que la Administración Tributaria pueda acusar indiscriminadamente, solo porque se sospeche de una evasión mayor a 500 salarios base, “sin que se repare si hubo dolo o solo fue un error de derecho”.
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que estudian las propuestas del sector privado, en tanto que el Gobierno calificó la propuesta de inaceptable, porque suavizaría las sanciones.
El Congreso abrió ayer la primera etapa de mociones de fondo del proyecto, y deben abrir el segundo día de esas mociones el próximo lunes, para darle primer debate al plan el jueves 8 de setiembre, explicó el presidente legislativo, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti.
