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El Directorio de la Asamblea Legislativa titubea sobre cómo castigar a sus antecesores (mayo 2014 - abril 2015), quienes aprobaron ajustar una plaza de chofer a la medida de la exvicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en agosto del 2014.
El Directorio tiene la responsabilidad de ejecutar las recomendaciones de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública, el cual estableció que Henry Mora (expresidente parlamentario), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (primer y segundo secretarios) faltaron al deber de probidad, al avalar ese nombramiento en propiedad.
Sin embargo, los actuales jerarcas del Congreso aducen que no existe un proceso disciplinario administrativo para los diputados que cometan faltas como la señalada.
Por eso, el Directorio autorizó a su presidente, Rafael Ortiz, a buscar criterios que le señalen un camino más claro para sentar las responsabilidades de los legisladores.
Ortiz confirmó que hizo una consulta al Departamento de Asesoría Legal del Congreso y, como se trata de materia parlamentaria, enviaron esa opinión jurídica a estudio del Departamento de Servicios Técnicos, para tener un panorama más claro y emitir una decisión bien fundamentada.
No obstante, el jerarca evitó revelar las recomendaciones de la Asesoría Legal, así como la de Servicios Técnicos, aunque ambas ya están en manos del Directorio de la Asamblea.
“Lo que les dijimos, tanto a Legal como a Técnicos, es cuál debe ser la ruta por seguir en estos casos u otros que vengan en el futuro, si no hay una ruta escrita que podamos seguir”, manifestó el primer secretario, el liberacionista Juan Rafael Marín.
Sin sanciones. El argumento de la cúpula parlamentaria es que no hay un régimen sancionatorio para los congresistas que cometan faltas, tal como ya lo señaló la Sala Constitucional, luego del caso de la exlegisladora Maureen Ballestero, quien usó una avioneta de la Policía para ir a una asamblea partidaria en Guanacaste.
En noviembre del 2010, la Sala IV les fijó a los diputados un plazo de 36 meses para autorregularse y crear su propio régimen sancionatorio, aspecto que no sucedió.
“No sabemos quién sanciona aquí si se comete un acto contrario a la ley en materia administrativa”, expresó Marín.
El informe de la Procuraduría Ética está en manos del Directorio desde agosto pasado, por lo que las autoridades legislativas ya tienen dos meses sin tomar una decisión sobre el procedimiento para cumplir con las sugerencias de ese órgano.
El informe de la Asesoría Legal ya tiene una semana de haberse recibido, mientras que el de Servicios Técnicos se conoció el martes en el Directorio pero, según el presidente del Congreso, aún no se ha discutido.
Rafael Ortiz explicó que la decisión sobre las faltas al deber de probidad de los anteriores miembros del Directorio se podrían tomar la próxima semana.
“Estoy con ganas de salir de ese tema. Tomar una decisión que no pase del próximo martes”, explicó el socialcristiano Ortiz.
Siendo presidente del Congreso (de mayo del 2014 a abril del 2015), Henry Mora estuvo de acuerdo con usar la plaza que dejó vacante el chofer Wílliam Soto y dársela a Martin, pero en el Departamento de Prensa y Protocolo como profesional 2B.
El salario para ese puesto propietario pasó de ¢370.000 (chofer) a ¢1,4 millones mensuales. Recursos Humanos rechazó en varias ocasiones ratificar esa acción de personal, porque señaló que no hubo un estudio que sustentara la designación.
La Nación intentó reiteradamente conversar con Mora, Vásquez y Rodríguez; sin embargo, no respondieron las llamadas a sus celulares.
