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Directorio investiga a funcionaria por criticar

Actualizado el 11 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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Directorio investiga a funcionaria por criticar

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El Directorio legislativo ordenó abrir un proceso sancionatorio contra una funcionaria que cuestionó varios nombramientos de personal realizados desde la cúpula del Congreso.

Por norma, el procedimiento podría desembocar en el despido sin responsabilidad patronal de la empleada Guiselle Ruiz.

Ella trabaja en el departamento financiero de la Asamblea Legislativa. Además, ocupa el cargo de secretaria general del sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (Utraleg).

La decisión del Directorio surgió tras conocer sobre un correo electrónico que ella remitió al personal del Congreso, el 25 de setiembre del año pasado.

Mediante ese mensaje, Ruiz denunció supuestas irregularidades en la asignación de varias plazas en la Asamblea, entre ellas, la que ahora ocupa Juan Carlos Chavarría, partidario de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien pasó de ocupar un puesto administrativo a uno de director en el recientemente creado Departamento de Participación Ciudadana.

“Lo único que dije fue que el Directorio había violentado normas, procedimientos y leyes con los nombramientos y que eso se llama corrupción; lo actuado violenta la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, declaró Ruiz.

Como parte de su defensa, ella presentó el caso ante el Ministerio de Trabajo, alegando violación a su fuero sindical.

Alegatos. Para los miembros del Directorio, las manifestaciones emitidas por Ruiz podrían ser consideradas “injuriosas, difamatorias y calumniosas”.

Así lo expresaron el presidente del Congreso, el oficialista Henry Mora, además del primer y segundo secretarios, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, respectivamente, en el acta de la sesión del 21 de octubre del 2014.

Ese día estuvo presente el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales.

En el documento, los miembros de la cúpula argumentaron que el actuar de la funcionaria Ruiz podría ser contrario “a los principios administrativos esenciales que debe cumplir como servidora pública, incluyendo el principio de probidad y principios conexos”.

Por tal motivo decidieron que se desarrollara una investigación interna, para la cual designaron a tres funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso: Marcos Amador, Luis Paulino Mora y Lilliana Cisneros, con la misión de que “determinen la verdad real de los hechos y recomienden las posibles sanciones aplicables a dicha funcionaria”.

A la fecha, ese órgano no ha emitido ninguna conclusión de sus pesquisas, aunque Ruiz ya fue llamada a comparecer.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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