Diputados de cuatro fracciones, incluida la oficialista, coinciden en que es “inviable” aprobar el plan del Gobierno contra el fraude fiscal, que le daría herramientas a la Dirección de Tributación Directa para ejecutar embargos de bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, sin la orden de un juez.
Los legisladores Víctor Hugo Morales, de Acción Ciudadana (PAC); Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, exigen al Poder Ejecutivo presentar un texto sustitutivo del Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, pues, de lo contrario, el actual corre el riesgo de ser archivado.
Los opositores, además de cuestionar la potestad que se le daría a Tributación para ejecutar cobros y embargos sin una orden judicial, objetan que los asesores en materia de impuestos puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la Administración considera que aconsejaron mal.
También critican la norma que establece que por “responsabilidad solidaria”, los cónyuges y parientes (hasta el tercer grado de consanguinidad) de las personas morosas, como los primos y hermanos, podrían estar obligados a asumir las deudas.
Otro de los puntos donde hay oposición, es el artículo que establece que el Estado debe pagar los abogados de los funcionarios de Tributación que sean demandados por su quehacer diario.
Los congresistas concuerdan en que esa medida violaría el principio de igualdad, pues el resto de empleados públicos no tendrán el mismo derecho, y protegería al personal para cometer “actos abusivos”, ya que no tendrían que pagarse los juicios.
El principal opositor es Antonio Álvarez. Este presentó más de 300 mociones a esta reforma legal promovida por el Ejecutivo, el cual estima que, con su aprobación, los ingresos fiscales aumentarían en ¢100.000 millones anuales, un 0,3% del producto interno bruto (PIB).
“Se desbordan los instrumentos para la Administración Tributaria y se quitan derechos a los contribuyentes”, dijo Álvarez.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos, asegura que la única opción para que el plan avance es que el Poder Ejecutivo excluya los excesos, que también señaló un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa . En su criterio, el plan debe volver a subcomisión.
Por su parte, Otto Guevara, argumentó que la iniciativa “violenta el Estado de derecho”.
Inviable. Víctor Morales reconoce que en el PAC son conscientes de que la propuesta debe enmendarse: “ El proyecto de Hacienda es el deseado, ahora debemos pasar al proyecto que sea factible”.
El jefe de la fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, fue el único que salió en defensa de la iniciativa. Él cree que le da a Tributación las herramientas necesarias para combatir a los grandes evasores fiscales. “Es lo correcto. Por la vía administrativa es más fácil cobrar”, manifestó Vargas.