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Pidieron que administración pagara por ser viaje ‘oficial’

Legisladores pelean por la gasolina para una gira de turismo

Actualizado el 10 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

Congresistas del PUSC y del FA atacan a jerarca que negó uso de carros

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Legisladores pelean por la gasolina para una gira de turismo

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Karla Prendas, del PLN; Luis Vásquez, del PUSC, y Francisco Camacho, del Fa, conversaron ayer sobre el polémico reclamo contra la administración legislativa por el uso de vehículos oficiales para una gira de la Comisión de Turismo. | RAFAEL PACHECO.

Los diputados de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa intentaron que la administración les prestara vehículos oficiales, con todo y gasolina, bajo el argumento de que serían para una gira a varias comunidades de Cartago para “conocer la situación del turismo en la zona”.

Sin embargo, tanto la segunda secretaria, Karla Prendas, como el director ejecutivo, Antonio Ayales, se negaron a extender el permiso, lo que provocó el enojo de Luis Vásquez, legislador socialcristiano que preside la comisión, y de Francisco Camacho, del Frente Amplio (FA).

Ambos atacaron a Ayales y le reclamaron que él, como “mando medio”, tenga más poder que el Directorio pues, según Vásquez, Prendas le dio la orden al director administrativo para aprobar el uso de una buseta y dos carros oficiales para la gira.

Gira sobre turismo. La Comisión de Turismo tenía programado sesionar el 7 de noviembre por la tarde en el jardín de la Iglesia católica de Orosí, luego de haber tenido reuniones con universidades públicas y charlas con otros entes encargados del turismo, desde el viernes 6, además de hospedarse en hoteles de la región.

Los ataques de los legisladores provocaron el enojo de Ayales, quien se presentó ante la mesa del Directorio legislativo, en el plenario, donde levantó la voz contra los dos congresistas y contra Prendas, la segunda secretaria del Directorio.

Si bien Vásquez dijo que Prendas le ordenó a Ayales firmar la nota, esa diputada admitió que ni ella ni los otros miembros del Directorio querían avalar el permiso de uso de los vehículos con gasolina pagada por el Congreso por el criterio de la Procuraduría que ordena que sean los legisladores los que cubran el combustible utilizado con los 500 litros que por ley reciben mensualmente.

Con la de Cartago, los diputados de la Comisión de Turismo ya han hecho al menos cinco giras a diferentes regiones del país, en Guanacaste, Puntarenas y Limón, donde generalmente llevan empleados de los departamentos de Servicios Técnicos y de Prensa, además de los choferes y su personal de confianza.

Eso implica, además del costo de la gasolina, el pago de horas extra y de viáticos para los empleados legislativos.

Según Vásquez, ese foro turístico ha tenido productos como una ley para perdonar deudas millonarias a empresarios del sector turismo y el plan para destinar $1 al desarrollo de los aeropuertos rurales del país.

Enojo. El director ejecutivo del Congreso reconoció que se excedió al reclamarles a los diputados, pero aseguró que buscará conciliar con Prendas, quien amenazó con abrirle un órgano administrativo al jerarca.

En cuanto al uso del combustible, Prendas aseguró que toda gira que hagan los diputados es oficial, sea por su cuenta o sea en forma de comisión, por lo que eso no se escapa de la prohibición impuesta por el Directorio, hasta que no se defina un mecanismo de cobro de combustible para los diputados que usen los carros propiedad del Congreso.

Para Marco Redondo, jefe de Acción Ciudadana, es un asunto que les se escapa, pues adujo que tienen prohibido usar vehículos oficiales para cualquier asunto.

El jefe del FA, Gerardo Vargas, criticó que se intente usar lo de “oficial” para eludir la prohibición del Directorio sobre los carros del Congreso, hasta que se defina cómo pagar la gasolina.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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