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Hoy en día, si una persona contrabandea 1.000 botellas de whisky valoradas en ¢20 millones (a razón de ¢20.000 por cada una), las autoridades no pueden acusarla penalmente.
Para que eso ocurra, el valor de la mercancía tendría que superar los ¢27 millones, de acuerdo con la Ley General de Aduanas. Una reforma legal que avanza en el Congreso pretende cambiar esa situación.
Se trata del proyecto de ley para mejorar la lucha contra el contrabando, con el cual se castigarían con cárcel los trasiegos ilegales estimados en más de ¢5,4 millones.
Si el plan se convierte en ley, el ingreso ilegal de 270 de aquellas botellas de whisky sí podría ser penado.
Actualmente, se considera infracción administrativa, lo que conlleva la confiscación de la mercancía y una multa equivalente a su valor aduanero.
En el Congreso, la propuesta avanza con el expediente 19407 en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico.
La semana antepasada, pasó el filtro de una subcomisión con un texto aprobado por los diputados Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Olivier Jiménez, de Liberación Nacional (PLN), y Marco Vinicio Redondo, de Acción Ciudadana (PAC).
La idea es bajar el monto por el cual se puede imponer de tres a cinco años de cárcel, además de la confiscación y de una multa que equivalga a dos veces lo que se introdujo sin pagar tributos.
El proyecto, a su vez, pretende subir de 9 a 15 años la pena de cárcel cuando el contrabando se produzca bajo el empleo de violencia o intimidación, o bien cuando se modifique la estructura de un vehículo con paredes falsas en un contenedor, por ejemplo.
La máxima sanción también se aplicaría cuando intervenga un funcionario público o el autor sea un grupo que califique como delincuencia organizada.
Además, se plantea una multa de ¢270.000 a quien declare mercancías con datos incompletos.
Para los jerarcas de Hacienda, la reforma es necesaria porque hoy la Policía de Control Fiscal y el Ministerio Público no pueden sancionar el “tráfico hormiga”, por ser tan alto el monto para que el contrabando sea delito penal.
Esta situación se da tras una reforma aprobada en el 2012, que hizo que el límite para imponer penas de cárcel ya no fuera de ¢2,7 millones, sino ¢27 millones.
Avance. En Hacienda creen que el contrabando es uno de los culpables del déficit fiscal, que ronda el 6% del producto interno bruto (PIB). Para el viceministro, Fernando Rodríguez, la reforma atacaría el tráfico ilegal.
Según Rodríguez, la propuesta, junto a otras medidas de control, permitiría aumentar la recaudación fiscal hasta en un 1% del PIB, unos ¢272.000 millones.
Las autoridades procuran incrementar la detección y decomiso del contrabando. Durante el 2014, solo en licor, la Policía de Control Fiscal confiscó más de 12.000 botellas de ron, 3.000 de guaro y 3.000 de whisky .
Para Rodríguez, la aprobación del plan de ley permitiría disparar esas cifras.
La iniciativa también crearía la figura de contrabando fraccionado, que consiste en sancionar con cárcel a quienes introduzcan mercancías por separado que, en suma, superen los ¢5,4 millones.
Según datos ofrecidos el viernes por Hacienda, los ingresos tributarios aumentaron en mayo en un 7,2% respecto a mayo del 2014, pero eso no es suficiente para el ministro, Helio Fallas.
El Gobierno pretende que el Congreso apruebe este proyecto, otro para ordenar las exoneraciones de impuestos y uno contra la evasión fiscal. Este último ha generado polémica, por cuanto permitiría al Ejecutivo embargar y ejecutar bienes y salarios a contribuyentes que considere morosos, sin la orden de un juez .
Luego de que estos planes sean discutidos, el Gobierno quiere subir impuestos.
