
La comisión investigadora de los créditos del BCR solicitó a la Fuerza Pública buscar y llevar al Congreso al empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, por no presentarse a comparecer este viernes para hablar sobre el préstamo de $20 millones que obtuvo en ese banco.
Una hora y 12 minutos antes de que empezara la sesión, a las 9 a. m., Bolaños envió un dictamen médico según el cual sufría una gastritis por estrés y debía tener reposo por tres días.
Los diputados le pidieron que homologara el documento en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para que le diera validez.
A las 12:14 p. m., Bolaños envió un correo electrónico en el que alegó que fue al Ebais de Guachipelín y de ahí lo remitieron a la clínica Ricardo Moreno Cañas, en barrio Cuba. Añadió que en ese centro médico le dijeron que tramitarían la homologación conforme el reglamento de incapacidades, por lo que el trámite no estaría listo hoy.
Según Bolaños, en la clínica le dijeron que el dictamen de su médico era válido, por lo que le alegó a los diputados que hizo todo lo que pudo a su alcance.
No obstante, los legisladores no le creyeron. Ellos pretendían que, junto al funcionario del BCR, Guillermo Quesada Oviedo, rindiera explicaciones sobre un audio en el que supuestamente ambos hablan sobre el crédito. Alberto Raven dijo el 5 de julio, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que la conversación sería acerca de un presunto plan para no pagar el préstamo de $20 millones otorgado a la empresa que trae cemento desde China.
El liberacionista Ronny Monge, presidente de la Comisión investigadora, dijo que le parecía una burla la posición de Bolaños. "Él no está incapacitado, el médico le recomendó tomar reposo", afirmó.
Patricia Mora, del Frente Amplio, también argumentó que el convocado asistió a la CCSS y en esta no lo incapacitaron.
Los legisladores consultaron al departamento de Servicios Técnicos si podían proceder con la solicitar al Ministerio de Seguridad para traer al empresario.

Víctor Emilio Granados, miembro de esa oficina, les dijo que los diputados tienen la potestad, a menos de que la Comisión acepte como justa causa el alegato de la persona. Añadió que, en la práctica, en ningún otro órgano sería aceptado ese tipo de documentos en lugar de una incapacidad.
Julio Rojas, del PLN, enfatizó que no hay justa causa para aceptarle a Bolaños la ausencia.
Los siete diputados de la comisión votaron a favor de traerlo con la Policía. Votaron Ottón Solís y Nidia Jiménez (del PAC), Julio Rojas, Ronny Monge y Maureen Clarke (del PLN), Patricia Mora (del FA) y William Alvarado (del PUSC).
El artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que "toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública".
Seis miembros de la Junta Directiva del BCR temen que parte del crédito otorgado a la empresa Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento procedente de China, se haya desviado del plan de inversión aprobado.
Así consta en el acta de la sesión del pasado 26 de julio, en la cual se acordó contratar una investigación externa sobre el crédito y, a su vez, suspender por tres meses al gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea.
Ese día, los directores analizaron tres informes internos sobre el otorgamiento y la ejecución del préstamo. Un documento fue elaborado por el gerente corporativo jurídico (2 de abril de 2017), otro por la oficina de Investigaciones Técnicas (28 de febrero de 2017) y el tercero se trata de un informe técnico presentado a la Directiva el 18 de julio.
Parte de la preocupación de los miembros de Junta es que la totalidad de los $20 millones prestados, en enero del 2016, fueron girados por el BCR a una única proveedora de cemento, llamada Sinobuilding Materials Hong Kong. Así lo solicitó el cliente, a pesar de que el contrato se establecía que existían otros proveedores.
Según los informes, dijeron los directores, esa firma devolvió a Sinocem Costa Rica al menos $7,5 millones, lo que no encaja con el plan de inversión según la asesoría legal del BCR.

