La Junta Directiva del Colegio de Periodistas (Colper) expresó una “honda preocupación” ante la decisión del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) de echar a andar una ofensiva para silenciar a la prensa, específicamente al diario La Nación .
El Colper calificó como “de suma seriedad” las medidas que el Banco adoptó para callar a este diario, ante una serie de publicaciones sobre posibles irregularidades.
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“La utilización de la pauta publicitaria como instrumento para premiar o castigar un medio de comunicación, según sean sus publicaciones, es falta grave que violenta los principios fundamentales de defensa de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos de recibir información, que atañe a sus intereses”, subrayó el presidente del Colper, Marlon Mora.
“Nos preocupa también la búsqueda de delitos para acallar a los periodistas y nos inquieta pensar que esto ocurra en contra de medios de comunicación que no tengan la posibilidad que tiene La Nación de soportar y denunciar este tipo de presiones”, manifestó el jerarca del Colper.
El colegio profesional recordó que el hecho de que Costa Rica se coloque en los lugares de privilegio para ejercer el periodismo, gracias a la libertad de expresión, “no es algo gratuito”, sino que se genera a partir de la “defensa continua de las libertades que hacen esto posible”.
Por su parte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) llamó a las autoridades a que respeten su papel en el Estado democrático y suspendan cualquier uso de pauta oficial como mecanismo de mordaza o de amenaza a la prensa.
“No puede olvidarse que la pauta debe utilizarse para que el Estado, en ejercicio de su deber de rendición de cuentas, se comunique con la población informando, a través de los medios de comunicación social, de su labor. Cualquier uso distinto es ilegítimo”, se lee en un pronunciamiento.
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El Iplex agregó que según los relatores para la libertad de expresión, la distribución de la pauta no puede ser arbitraria y, más bien, debe obedecer a reglas que respeten los principios de interés público. De lo contrario, las autoridades estarían actuando en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante mecanismos indirectos para condicionar las noticias.
“Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que buscan nada más y nada menos que condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos, es por ellos que consideramos absoluta y necesariamente condenable que se pretenda utilizar publicidad oficial como un premio o como castigo para que los medios actúen de determinada manera”, se pronunció el Iplex.