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Todos conocen la angustiante novela del puente de “la platina”, pero la mediocridad de la infraestructura costarricense aún puede sorprender.
Le ocurrió ayer a los legisladores que escucharon el relato de la contralora general de la República, Marta Acosta, sobre los problemas que anclan a Costa Rica en las partes bajas de cualquier ranquin sobre infraestructura pública.
A la misma Acosta le llamó la atención que a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público les resultara inesperado el detalle de calles, puentes y edificios públicos, o de proyectos que llevan años sin culminarse y gastando dinero prestado.
Hay mala gestión, improvisación, negligencia y desconocimiento. Proyectos que acaban costando el doble y otros que avanzan un 10% al momento en que deberían finiquitarse. Empresarios que abusan de las reglas para apelar y seguir apelando. Falta de dinero en el Gobierno y, por otro lado, dinero prestado que se desperdicia por atrasos, además de costosas unidades ejecutoras de los proyectos con créditos externos.
Factores como estos hicieron que el Estado pagara $14,2 millones solo en comisiones por préstamos internacionales en desuso. Este hecho reforzó a Costa Rica como uno de los países más costosos en posesión de créditos sin desembolsar y el de menor porcentaje desembolsado de los totales aprobados.
Pese a las pérdidas, la contralora resaltó que el costo es social, por el impacto sobre la competitividad del país y sobre la calidad de vida de los habitantes.
La lentitud es la esencia del relato que hizo ayer Acosta. El Estado tarda en promedio 1,3 años en dar aprobación legislativa a un crédito firmado (aunque alguno duró tres años y medio), siete meses más para incorporarlo al presupuesto (uno duró 18) y ocho meses más para cumplir condiciones previas (pero uno tardó 24). Es decir, la aplicación de un préstamo se lleva casi tres años.
‘Ejemplos’. Hay casos especialmente lentos, como el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la red vial cantonal. Han transcurrido 3,8 años de los cinco proyectados y solo está construido el 6,6%, que a su vez ha consumido al 35% de los $60 millones pactados.
Otro ejemplo de Acosta: “La carretera a San Carlos no avanza y ahí estamos metiéndole plata, con el doble del costo original y con dos prórrogas”. Y tampoco es seguro que se cumpla.
“Es para enojarse”, dijo Acosta después de que varios diputados expresaron sus “ganas de llorar” y su pesimismo por la dificultad de que la situación cambie pronto. “Se necesita un cambio radical”, sentenció Acosta antes de contradecir la justificación común de autoridades, que culpan a la CGR por sus controles. “No es eso, es la mala gestión”, sostuvo.
Los congresistas lamentaron la situación y la falta de responsables con nombre y apellido.
Ella sostuvo que no es la encargada de plantear soluciones, pero precisó que una tarea clave es afinar la planificación. Anunció un plan para crear un “expediente electrónico” en el cual se dé seguimiento público a los proyectos para medir los tiempos, y al menos señalar responsables.
