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Una de las lecciones que aprendieron los bancos estatales a raíz del caso Yanber es la de desconfiar más de los clientes empresariales, aunque estos cumplan con todos los requisitos para obtener grandes créditos para sus operaciones.
Así lo reconocieron este jueves, en la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, donde representantes de los tres bancos públicos rindieron cuentas sobre sus mecanismos de análisis de riesgo crediticio y lo sucedido este año con la compañía de productos plásticos Yanber.
En particular, Jean Jacques Oguilve, presidente de la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola (Bancrédito), explicó que deberán recurrir a mecanismos propios para verificar que no haya engaño en los estados financieros auditados requeridos antes de dar un préstamo o incluso de aumentar el tope de crédito.
Además de Oguilve, comparecieron Juan Carlos Corrales, gerente general del Banco Nacional, y Paola Mora, presidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
Corrales aseguró que, entre las lecciones aprendidas, también podría decir que no se puede confiar en la información proporcionada por empresas auditoras “de nivel bajo”.
“Las empresas que auditan a estos clientes no pueden ser de nivel bajo, hay que gastar y que realmente generen confianza a los bancos. En el país se cuentan con la mano las empresas de ese nivel”, adujo Corrales.
Fondos públicos. El interés de los diputados de Gasto Público en conocer la participación de los bancos estatales en el proceso de rescate de Yanber tiene que ver con la forma en que estas tres entidades le otorgaron créditos a la empresa, incluso siete meses antes de que esta declarara su crisis.
Esa declaración se dio en mayo del 2015, cuando el antiguo propietario, Samuel Yankelewitz, acudió a tribunales para solicitar un convenio preventivo de acreedores, con tal de suspender el pago de deudas (que ascendían a $65 millones) y negociar un arreglo con los deudores.
El engaño para los prestamistas habría estado en que la empresa simulaba ventas a una firma panameña creada por Yankelewitz y pagaba impuestos a Hacienda por ¢800 millones, entre el 2010 y el 2014.
Esos datos fueron incluidos en la auditoría externa que sirvió para solicitar nuevos préstamos o aumentos en tope crediticio, y generó que, al conocer la verdad, el Banco Nacional le pidiera al Ministerio Público investigar a los responsables.
Entre las tres entidades públicas, le prestaron a Yankelewitz $24,5 millones y formaron parte de la junta de 17 bancos acreedores que, en enero, aceptaron el plan de salvamento que implicaba crear un fideicomiso que tomara el 100% de las acciones.
Cuestionados. Las diputadas Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Patricia Mora, del Frente Amplio, cuestionaron que los bancos no hayan recurrido a la información tributaria de Yanber, que ya desde el 2011 advertía de situaciones irregulares en las ventas hacia Panamá.
En ese caso, los voceros bancarios alegaron que fueron los estados auditados los que llevaron al engaño, porque ahí tenía que estar la información tributaria.
No obstante, Andrés Víquez, subgerente del BCR, aseguró que un cambio normativo obliga a los clientes, a partir de enero del 2017, a presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de las obligaciones con Hacienda.
“Si hubiéramos pedido las declaraciones de renta, habría pasado lo mismo”, aseguró Juan Carlos Corrales.
