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El BCR estableció, en junio del 2016, que el documentos oficiales de las sesiones de la Directiva son las actas y no los audios, pues son solo material de apoyo. (Archivo/Rafael Pacheco)
La Auditoría Interna del Banco de Costa Rica (BCR) descartó anomalías tanto en el crédito de $20 millones otorgado a Sinocem para importar cemento como en el préstamo concedido a Coopelesca por $32,7 millones para que le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim de Costa Rica.
En el caso de Coopelesca, luego de recibir el informe de la Auditoría, la Junta Directiva del BCR dio por cerrada la investigación, pero en el caso de Sinocem, seis directores solicitaron más informes y, el 26 de julio, acordaron solicitar una investigación externa.
¿Por qué el BCR actuó de forma diferente en los dos casos?
Según Mónica Segnini, presidenta del BCR, el informe que se emitió sobre Sinocem fue producto de un estudio de Auditoría y se refería únicamente a la etapa de aprobación.
Por escrito, la directora bancaria contestó que, en el caso de Sinocem, lo hecho por la Auditoría "no se trataba de una investigación como si lo es el caso de Coopelesca".
"No es lo mismo una evaluación regular de auditoría que una investigación preliminar. La investigación sobre Sinocem la tiene a cargo la Auditoría Interna, no es externa. Se trata de una investigación preliminar sobre todo lo acontecido con este crédito, al igual que como se hizo en su oportunidad con el crédito de Coopelesca. En virtud de lo anterior, se puede establecer que el alcance de los estudios es diferente para cada caso", explicó Segnini.
En un documento de la auditoría interna de setiembre del 2016 llamado Informe sobre revisión del crédito otorgado a la firma Sinocem Costa Rica S.A. (AUD-0127-2016), se determinó que estuvo a derecho el préstamo por $20 millones otorgado para la compra de cemento y los ¢5.390 millones facilitados para gastos de nacionalización del producto e impuestos.
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"De conformidad con los aspectos evaluados a agosto del 2016, los resultados fueron satisfactorios en los aspectos relevantes del análisis de los créditos y de su aprobación, la debida autorización de los desembolsos, la existencia de certificados de póliza y la participación del fiscalizador", explica el informe enviado a Junta Directiva del Banco.
Este informe fue extraído de un estudio hecho por la auditoría interna del BCR denominado Calidad de clientes con saldos mayores a $3 millones, que comprendió operaciones vigentes, a abril del 2016, de los 42 mayores deudores del Banco a ese corte.
El objetivo de este estudio, según el informe AD-016-2016, fue "determinar el grado de cumplimiento que presentan las áreas de negocio del proceso de otorgamiento y seguimiento de los clientes con saldos mayores a los $3 millones, conforme la normativa interna del crédito y las regulaciones de la Sugef".
Contempló análisis técnico, cumplimiento del marco normativo en el otorgamiento, actualización de la información financiera, capacidad de pago del deudor, calificaciones de riesgo, morosidad, inscripción de garantías, vigencia y cobro de pólizas, entre otros.
Se envió a la Junta Directiva el detalle del préstamo hecho a Sinocem debido a los cuestionamientos de la prensa en torno a la aprobación del crédito. Se les informó que, a setiembre del 2016, el crédito a Sinocem se encontraba al día.
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Coopelesca
El pasado 26 de julio, la Junta Directiva del BCR conoció un informe en el que se descartó anomalías en el préstamo de $32,7 millones dado a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para que le comprara el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas a Holcim Costa Rica.
"El informe de Auditoría (…) constata que no hay irregularidades que justifiquen acciones posteriores y descarta que hubiera tráfico de influencias a la hora de conceder el crédito", argumentó la entidad en comunicado de prensa este viernes 25 de agosto.
La Auditoría desechó en su informe un posible tráfico de influencias.
El crédito del BCR a Coopelesca se avaló en el 2014, cuando el director del BCR, Alberto Raven Odio, era fiscal de la junta de la empresa cementera y también directivo en el BCR. Ese asunto lo investiga la Fiscalía.
Además, la transacción de compra de la planta la hizo el bufete Zurcher, Odio y Raven del cual Raven es socio, según confirmó él mismo.
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