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La aprobación en el Congreso de un proyecto de ley con solo dos artículos permitiría la ampliación de varios beneficios salariales de que gozan los profesionales de la salud a otros trabajadores, en particular los psicólogos y trabajadores sociales.
Uno de esos beneficios adicionales que tendrían dichos profesionales es el enganche salarial, que les permite a médicos y otros trabajadores exigir un aumento a raíz del incremento en el sueldo de los empleados no profesionales del Gobierno.
Aunque ese beneficio, conocido como el “enganche”, está congelado por un decreto presidencial negociado entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector salud, aún existe en la ley.
El expediente que ampliaría los beneficios, el 19.381, se encuentra en estudio de la Comisión legislativa de Ciencia, Tecnología y Educación, y tiene como objetivo principal reconocer como profesionales de la salud a todos los psicólogos y los trabajadores sociales.
Se trata de una modificación a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley General de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, y al artículo 40 de la Ley General de Salud.
Eso implica quitar de la ley vigente el adjetivo “clínicos” a los psicólogos e incluir a los trabajadores sociales para que, así, tengan un salario base definido y los pluses salariales de que ya gozan los profesionales en medicina, farmacia y enfermería.
Esos pluses son, aparte del salario base de ¢8.300, un plus de ¢1.300 de enero de 1982 y un incremento anual del 5,5% sobre el salario base, un incentivo de un 11% por dedicación exclusiva y el incentivo por dedicación a la zona rural, en las mismas condiciones que los médicos.
A favor y en contra. La iniciativa estuvo a punto de irse al archivo porqu e varios diputados de oposición están en contra de incluir a dichos profesionales en la lista de los beneficiarios.
Sin embargo, el apoyo de un liberacionista y de un frenteamplista ayudaron a mantener el barco a flote en la comisión legislativa. El proyecto está en estudio de una subcomisión, que espera los criterios de la Dirección General de Servicio Civil y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), entre otros.
Mario Redondo, presidente de la comisión, se opone al plan, pues dice que podría tener efectos negativos importantes en las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Estoy en contra de seguir ampliando los privilegios y crear empleados de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Sería muy imprudente seguir comprometiendo las finanzas de la Caja. Me sorprende que la iniciativa venga del partido del Gobierno y que incluso diputados de Liberación Nacional hayan favorecido que ese tipo de iniciativas no se desechen”, criticó Redondo.
Para Marvin Atencio, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsor del plan de ley, se trata solo de hacer justicia, particularmente a las más de 400 trabajadoras sociales, quienes ganan menos que otros.
De ahí que se haya impulsado la consulta al Inamu, con el fin de que hable a favor de un proyecto que, según Atencio, podría mejorar la calidad salarial de estas funcionarias públicas.
Sin embargo, Atencio no es miembro de la comisión que estudia la iniciativa; Javier Cambronero, también del PAC, sí lo es.
Él asegura que el enganche está congelado gracias a la negociación del Gobierno con los sindicatos. Añadió que él y Marlene Madrigal, ambos del PAC, apoyarán la aprobación del plan.
“Estoy a favor; estos profesionales visitaron a diputados y a fracciones. No son tantos los que se benefician y el impacto no es agobiante”, dijo Cambronero.
