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Decisiones económicas y financieras tomadas en las administraciones de Óscar Arias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, triplicaron el monto de la deuda pública total (interna y externa) entre el 2006 y el 2016.
Desde el 2006, primer año del segundo gobierno de Arias –cuando el déficit fiscal era un 4% del producto interno bruto (PIB)–, la deuda del Gobierno Central pasó de ¢3,9 billones a ¢13,4 billones, para julio del 2016, año en que se estima que el déficit cerrará en 6%.
Las cifras del incremento en ese endeudamiento las arrojó un cálculo de La Nación con variables como el PIB, el gasto devengado (real) del Gobierno Central y el déficit, proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica en sus páginas web; los datos se calcularon en colones de hoy, de acuerdo con la inflación, para compararlos.
Como porcentaje del PIB, el endeudamiento total del Gobierno pasó de representar un 33,6% en el 2006, a un 43,2% a julio del año en curso, un total de diez puntos porcentuales más en una década.
Entre año y año, las variaciones porcentuales más importantes que sufrió la deuda se presentaron en el 2010, cuando creció un 21,7% con respecto al 2009; en el 2012, año en el que aumentó un 25% en relación con el monto del 2011, y en el 2014, con un aumento del 18% en comparación con el 2013.
Esos saltos están relacionados con momentos históricos determinados.
Políticas de gasto. Así, el brinco del 2010 coincide con el cierre de la administración Arias, cuando se desencadenaron una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial del 2008.
En el 2012, el disparo porcentual de la deuda coincidió con la primera de cuatro emisiones de $1.000 millones, cada una, de títulos valores conocidos como “eurobonos”, instrumento que Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa.
En tanto, el aumento porcentual del 2014 coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en “eurobonos” y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ¢62.000 millones.
Al poner el gasto real del Gobierno Central en el 2015, que fue de ¢5,8 billones (de un total presupuestado de ¢7,9 billones), frente a la deuda acumulada hasta ese periodo (¢12 billones), esta superó el gasto devengado más de dos veces: en un 206,9%.
En el presupuesto del 2017, presentado hace dos semanas por Hacienda, el servicio de la deuda se come un 33% del plan de gastos por ¢8,9 billones.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, reconoció que ese componente del presupuesto es el que más crece. “Representa casi el costo de mantener en operación otro gobierno”, afirmó.
La Nación solicitó una entrevista con el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, pero el viernes pasado se indicó que no estaba disponible para atender la consulta.
Édgar Ayales, quien fue ministro de Hacienda en los últimos dos años del gobierno de Chinchilla, calificó como “preocupante” el incremento que la deuda tuvo en la última década y señaló que la relación con respecto al PIB superaría el 52% a finales del 2016.
“En el periodo presidencial anterior y en el actual ha habido un alto endeudamiento porque no hemos sido capaces de resolver el problema de las finanzas públicas. Esto se empezó a deteriorar en el 2008, cuando la deuda era el 24% del PIB y ya en el 2016 será de un 52%; es decir, se duplicó”, manifestó Ayales.
Perspectivas. Los diputados Antonio Álvarez (Liberación Nacional) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), miembros de la alianza opositora que controla el Congreso, creen que la solución al problema de la creciente deuda pasa porque el Gobierno fije una posición a favor de la reforma al empleo público que se discute en el legislativo.
Las propuestas planteadas intentan reducir privilegios como las anualidades.
De esta forma, según Álvarez, se quitaría del camino el obstáculo que impide discutir los proyectos de reforma tributaria que impulsa Luis Guillermo Solís para reducir el déficit en un 3,5% del PIB por la vía de los ingresos.
