“El fallo de la Sala IV tiene motivaciones políticas. La mayoría de magistrados prefirió quedar bien con cierto poder político y económico hegemónicos”. Esta fue una de las principales opiniones que expuso esta mañana el sindicalista Albino Vargas sobre la resolución constitucional, del viernes pasado, que se trajo abajo la Reforma Procesal Laboral. Lo hizo en nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que él dirige, y del grupo de organizaciones afines reunidas bajo el nombre de Patria Justa.
“Algunos magistrados se dejaron influenciar demasiado por la campaña de alguna prensa de que la Reforma Procesal Laboral era para legalizar las huelgas en servicios esenciales. Estoy convencido que algunos señores magistrados creyeron que esta era la ley la de las huelgas”, añadió Vargas.
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El secretario general de ANEP reaccionó así 72 horas después de que la Sala Constitucional anuló (por una votación de 4-3) la Reforma Procesal Laboral que había habilitado en diciembre el presidente Luis Guillermo Solís, al levantar un veto que sobre ella había dictado Laura Chinchilla. La exmandataria se negó a poner en vigencia la ley con el argumento de que era inconstitucional legalizar las huelgas en servicios esenciales, como los de Policía y hospitales.
Según los magistrados, entre el veto de Chinchilla del 2012 y el anuncio de Solís, hubo un acuerdo en el 2013 de la entonces presidenta que resultó ser inconstitucional y que invalidó todo el procedimiento.
Por eso, la ley generadora de muchas discusiones y de preocupaciones del sector patronal ya no entrará a regir en junio del 2016, como pretendían Solís, el partido Frente Amplio y organizaciones sindicales como la que dirige Vargas.
El dirigente sindical exculpó a Solís del tropiezo de la Reforma Procesal Laboral y señaló que “la Sala IV no tomó en cuenta la trascendencia e importancia social de esta ley” y, según su criterio, prefirió priorizar un asunto de procedimiento sobre la conveniencia social para el país.
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Insistió en que se enfocaron en el “2%” de la ley, el que legaliza las huelgas en los servicios públicos esenciales, con lo cual él mismo está en desacuerdo, según pronunció en conferencia de prensa. Alegó que anularon “el 98%” de la Reforma, en lo que atañe a agilizar juicios laborales y garantizar la no discriminación de trabajadores, entre otros puntos de la ley, que ahora volvió a sede legislativa para su discusión.
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Los magistrados, sin embargo, no entraron a ver el fondo de la Reforma. No analizaron si su contenido es constitucional o no. El fallo se centra en el procedimiento de vetos y levantamiento de vetos que habían objetado, por la forma, diputados opuestos a la aplicación de la ley tal como estaba.
"No vamos a rendirnos", añadió Vargas antes de anunciar que reactivarán el lobby político y la "movilización social".