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Mes a mes, al cancelar sus facturas de electricidad, los usuarios le están pagando al ICE y a Jasec $41 millones por la compra de un equipo que, en realidad, les costó $25,6 millones.
Se trata de las turbinas, generadores, transformadores y el equipo de control del Proyecto Hidroeléctrico Toro III, en Venecia de San Carlos, que aprovecha las aguas del río Toro.
Esta obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), mediante un fideicomiso administrado en el Banco de Costa Rica (BCR).
El fideicomiso empezó a operar en setiembre del 2010, con el objetivo de administrar la construcción y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual es cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.
Sin embargo, el ICE y Jasec empezaron a desarrollar ciertas obras antes de que entrara en escena la figura bancaria en el BCR. Una de esas fue la colocación de los equipos de la casa de máquinas, donde el paso del agua se convierte en electricidad.
Entre el 2008 y el 2009, Jasec pagó $23,9 millones a tres empresas europeas por las turbinas, los generadores y transformadores del Toro III. El precio quedó pactado en dos licitaciones públicas que ganaron las firmas Litostroj Power d.o.o., de Eslovenia ($11,5 millones), Koncar Inzerjering Za Energetiku I Transport d.d., de Croacia ($10,5 millones), y Efacec, de Portugal ($1,9 millones). Así consta en los contratos, de los cuales este medio tiene copia.
Además, en 2011, mediante una licitación abreviada, el ICE adquirió el equipo de control de la casa de máquinas a la compañía alemana Siemens, a la cual le pagó $1,7 millones; es decir, que el equipo turbogenerador costó $25,6 millones.
La Junta de Cartago compró el equipo con un préstamo de $25 millones del Banco Scotiabank, para el cual el ICE tuvo que extenderle un aval de garantía por $30 millones; de lo contrario no habría obtenido el financiamiento.
Jasec recurrió a un crédito porque la Contraloría General de la República no permitió a las dos empresas públicas utilizar la figura del fideicomiso mientras no consiguieran el derecho de posesión de las tierras donde se construyó Toro III. En consecuencia, debieron costear casi la totalidad de los gastos del proyecto por sus propios medios.
No obstante, menos de tres años después, cuando empezó a operar el fideicomiso bancario, el ICE y Jasec reportaron el costo de las turbinas, los generadores, los transformadores y el equipo de control en $41 millones, aunque habían pagado $25,6 millones.
Así lo incluyeron en el contrato de construcción de la obra que el ICE firmó con el BCR, en enero del 2012, por un monto de $188 millones.
La diferencia de $15,4 millones ya la pagan los usuarios en las tarifas eléctricas, al igual que el resto de la obra.
El director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, Javier Orozco, reconoció que los incrementos sobre el costo original del proyecto fueron incluidos dentro del arrendamiento de $1,6 millones que, mes a mes, el Instituto y Jasec le pagan al BCR.
Esos pagos, a su vez, son reportados como gasto a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual los incluye en las tarifas de electricidad.
La razón de ese aumento no pudo ser explicada a La Nación por ninguna de las dos entidades en una entrevista de casi hora y media, el miércoles pasado.
En la cita en las oficinas centrales del ICE, Sabana Norte, además de Orozco, estuvo el director del Proyecto Toro III, Rafael Ugalde, y los abogados Erick Picado y Óscar Gerardo Arias, del ICE y Jasec, respectivamente.
Los hechos. Inicialmente, Ugalde alegó que en los $41 millones con que al final se registró el costo del equipo turbogenerador no solo se incluyó la compra de las turbinas, válvulas y generadores, sino que había que sumarle el valor de los equipos auxiliares y otros sistemas, como la alarma contra incendios y los altavoces.
“El equipo no valía $22 millones, eso valía la turbina y el generador. Eso requiere de un control, requiere de equipos auxiliares, grúas, transformadores, del sistema contra incendios, del sistema de alarmas, del sistema de humos, los altavoces. Nada de eso es parte de ese equipo de generación”, dijo el director del Proyecto Toro III.
Empero, los equipos auxiliares ya venían incluidos en las licitaciones adjudicadas a las empresas europeas.
Además, algunos de los otros equipos que mencionó Orozco aparecen cobrados por aparte dentro de los casi $72 millones que costó la casa de máquinas de Toro III. Tal es el caso del sistema contra incendios. Ese detalle aparece en el anexo del contrato de construcción, donde se detalla el precio de las obras, del cual La Nación también tiene copia.
Posteriormente, cuando se refutó esa versión, el funcionario dijo que no recordaba el detalle de esos $41 millones y que enviaría a este medio un desglose millón por millón.
“Podemos dar un detalle de esos $41 millones. Voy a revisar; vamos a ver cómo fue que lo planteó el fideicomiso (...). Vamos a revisar eso para ver cómo era que se había estructurado, porque, sinceramente, le confieso que no recuerdo bien. Sí recuerdo que el monto era alto”, dijo Orozco.
El abogado del ICE, Erick Picado, intercedió en su defensa y argumentó que esa información la tenía que dar el BCR como fiduciario, a pesar de que el ICE fungió en este proyecto como constructor.
“En todo caso, eso lo tiene que responder quien administró, que es el fideicomiso”, alegó Picado.
Por su parte, el abogado de Jasec no adujo nada.
El pasado viernes, Javier Orozco envió, mediante un correo electrónico, el detalle de los $41 millones reportados en el contrato de construcción.
Ahí arguyó que, de esa suma, $28,7 millones corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12,4 millones, a “costos distribuibles del proyecto”, que no forman parte del equipo turbogenerador.
Tal es el caso de las escombreras, la gestión socioambiental, la construcción de caminos de acceso, el levantamiento de campamentos, la contratación de personal de apoyo, el transporte de equipo y personal, los servicios de ingeniería y la electricidad.
“El monto total que debía cancelar el fideicomiso al ICE en su papel de ejecutor de las obras se dividió en líneas o renglones de pago. Estos renglones sirven para estructurar la programación de los pagos, asociándolos al avance físico de algunas obras o hitos constructivos. El 100% del costo del proyecto debe ser distribuido entre los renglones de pago que se escogieron contractualmente”.
”Parte de los costos que conforman un proyecto, por ser compartidos entre varias obras o por estar presentes a lo largo de gran parte del desarrollo del proyecto, no son pagados al contratista a través de un renglón de pago específico, porque es más práctico y eficiente distribuirlos entre los renglones que sí se consideran importantes para estructurar los pagos”, afirmó Orozco.
