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Francisco Dall’Anese Ruiz, actual fiscal general de la República, fue designado por la Corte Plena por primer vez en noviembre del 2003 y por segunda vez en noviembre del 2007 por un período de cuatro años más.
Casi a manera de sentencia, Dall’Anese asegura que durante estos 34 años el Ministerio Público alcanzó la suficiente madurez e independencia para salir del amparo del Poder Judicial.
Este es un extracto de una entrevista realizada el miércoles 11 de noviembre en su despacho.
¿Cuál es el principal reto que tiene por delante la Fiscalía una vez cumplidos los 34 años de existencia?
La institución demostró la madurez suficiente para adquirir independencia. Llegó la hora de pedirle a la Asamblea Legislativa una reforma para que el Ministerio Público tenga rango constitucional. Eso le daría mayor solidez jurídica y mayor independencia para la persecución de los delitos.
¿Dentro de esta reforma el nombramiento del fiscal general sería hecho por los diputados?
No. Yo sí creo que el nombramiento del fiscal general debe seguir a cargo de la Corte como se hace con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso pone distancia entre la Fiscalía, la política y los partidos. El fiscal general no tiene que deberle nada a los políticos.
¿Esta idea de separar el Ministerio Público del Poder Judicial será uno de sus frentes de batalla para el 2010?
Por ahí se va a orientar buena parte de mi labor en el 2010. Ya el propio Luis Paulino Mora (presidente de la Corte) dijo en un discurso reciente que el Ministerio Público y la Defensa Pública deben salir del Poder Judicial. Estoy de acuerdo. Hay que estar en frecuencias distintas.
¿Hay algún país que tenga un Ministerio Público con una estructura como la que plantea?
Aspiro a una estructura como la colombiana, donde el Ministerio Público tiene rango constitucional con independencia de los poderes del Estado y está llevando investigaciones contra las FARC, contra el crimen organizado y contra funcionarios del mismo gobierno sin que se pueda tocar al fiscal general.
Durante su gestión se han acusado diferentes casos de corrupción de altos funcionarios públicos. ¿Cómo analiza estos casos?
Una de las acciones importantes de mi antecesor, Carlos Arias Núñez, fue la creación de la Fiscalía de Asuntos Económicos y Corrupción. Hoy por hoy ha sido la oficina que ha tenido los casos más importantes de los últimos años. Sus frutos se están viendo con los juicios grandes sobre corrupción. Durante mi gestión se fortaleció esta Fiscalía con mayores recursos humanos y materiales.
¿Cuál ha sido el principal logro durante su gestión?
Aparte del narcotráfico, tenemos el embate de otras formas de criminalidad empresarial que es crimen organizado y entonces creamos una Fiscalía contra estos delitos. En año y medio se ha logrado casi un 100 por ciento de efectividad en juicios con penas altas.
¿Pero hay casos del crimen organizado que no se han ganado en los tribunales?
Solo dos casos no han tenido el éxito esperado. Tengo presente el caso de un triple homicidio en que los acusados fueron absueltos porque el tribunal resolvió que como los testigos eran delincuentes entonces no se les podía creer. Con ese criterio, cualquier homicidio en una cárcel quedaría impune.
¿Cuál es uno de los mayores desafíos para los próximos años?
Hay 63.000 ciudadanos que pertenecen a los pueblos indígenas insatisfechos con el tratamiento que les da la justicia costarricense. Estamos preparando a los fiscales para dar atención más cercana a estas poblaciones. Mandamos a construir una fiscalía móvil adonde llegarán los expedientes. Esta Fiscalía funcionará en una especie de cámper que se inaugurará pronto y recorrerá las diferentes zonas indígenas.
¿Qué otros retos le esperan a la Fiscalía el próximo año?
Hay retos internos que debemos enfrentar. Hay una tendencia de un sector de la Corte por cerrar nuestra Oficina de Relaciones Internacionales (Oatri). Esta oficina nos ha dado mucha agilidad en el intercambio de información con otros países para el combate de la criminalidad transnacional. Un informe del Departamento Legal del Poder Judicial señala que esta oficina es ilegal. No tiene sentido porque fue la misma Corte la que la aprobó y le dio presupuesto. Ese informe omite citar el artículo 65 del Código Procesal Penal que establece que las investigaciones internacionales y la integración de equipos le corresponde al Fiscal General. A contrapelo de lo que dice la Ley, el informe descalifica la oficina de relaciones internacionales del Ministerio Público. No puede ser así.
¿Y qué pasaría si la Corte cierra esa oficina?
Si sucede, vamos a perder la agilidad que hemos logrado en el intercambio de información con otros países. A esta situación hay que sumar otro problema interno. Hay un informe de auditoría del Poder Judicial que señala que los gastos confidenciales del fiscal general se deben regir por los reglamentos de caja chica. Esto desnaturaliza los gastos confidenciales. No me imagino cómo la plata que uno le puede dar a un policía para que se siente a hablar con un narco o traficante de armas y lo invite a tomarse unos tragos y se gane su confianza, tenga que ser respaldada por una factura timbrada y a nombre del Poder Judicial. No me explico cómo tendríamos que consignar el nombre de los hoteles que nos hacen el favor de ocultar testigos o imputados o los nombres de las personas protegidas y que todo eso tenga que consignarse en un informe con facturas timbradas.
¿Planteará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para separar al Ministerio Público del Poder Judicial?
Este gobierno está de salida. Prefiero esperar y hacer la propuesta a la próxima administración. Será una lucha dura porque habrá personas que nos adversen. Como dijo recientemente Leonel Fernández ( presidente de República Dominicana) al inaugurar una asamblea de fiscales en Punta Cana, los ministerios públicos son como floreros chinos. Nadie sabe dónde ponerlos.
