Escuchar
A 18 años de que finalice el contrato de concesión de la ruta 27 (San José-Caldera), el Gobierno busca la forma de rescindir el acuerdo y asumir la vía.
El plan fue anunciado ayer por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial.
Carlos Segnini, ministro de Transportes, manifestó que mantienen negociaciones con Globalvia, concesionaria de la vía, para lograr la administración de esta.
Para hacerse de la obra, el MOPT debe girar a Globalvia el porcentaje de la inversión que aún no se ha pagado por medio de los peajes, más la rentabilidad proyectada por la firma.
La intención del Poder Ejecutivo es tomar el control de la ruta para apurar su ampliación de dos a cuatro carriles.
No obstante, el jerarca no se atreve a decir cuándo se lograría un arreglo con Globalvia.
“La compra depende de la negociación, de ver quiénes le quieren entrar, si se le quiere entrar con un fideicomiso, con fondos (de pensiones), si le entramos nosotros directamente como Estado y la disponibilidad de los dueños de vender”, manifestó el ministro.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), hasta ahora se ha pagado el 48% del costo de la obra, lo cual equivale a $124 millones.
La carretera se abrió en el 2010 y el contrato le da la potestad a la compañía española de explotarla hasta el 2033.
Para recorrer la vía completamente, los conductores pagan ¢2.360 en cada sentido.
La Nación envió varios correos electrónicos a Carol Cordero, asesora de comunicación de Globalvia, para conocer la posición de la empresa. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no había respuesta.
El MOPT también anunció ayer que acordó pagar $44 millones a la firma para evitar un arbitraje internacional.
La indemnización corresponde a un reajuste de los $258 millones que costó la obra de 76,7 kilómetros. El arreglo se hizo por recomendación de la Contraloría General de la República.
Opciones. Thelmo Vargas, exministro de Hacienda y experto en concesiones de obra pública, explicó que el MOPT tiene varias alternativas para adquirir la vía.
La primera es asumir la obra, su mantenimiento y la ampliación con recursos propios o financiados por una entidad internacional, buscar un nuevo concesionario o emitir títulos valores por los ingresos futuros y buscar inversionistas. Según Vargas, bajo este último escenario es que podrían intervenir las operadoras de pensiones.
“Lo que podría haber es que el Gobierno titulariza los ingresos netos futuros; es decir, el Gobierno podría crear esa figura y vender títulos para los fondos de pensiones, pero el asunto no es simple”, comentó el especialista.
“Cuando un fondo de pensiones compra un título, no lo compra a ojos cerrados. Ellos tienen un comité para que vea todas las características del proyecto y se fije si es rentable o no es rentable”, añadió Vargas.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, adelantó que el proceso para invertir dinero de pensiones en este tipo de proyectos no es sencillo.
“Toda medida para utilizar recursos de los fondos de pensiones en inversión de obra pública deberá ser consensuado no solo entre el MOPT y Supén (Superintendencia de Pensiones), sino que se debe involucrar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y a otras instituciones.
Ramos no descartó modificaciones en leyes y reglamentos para permitir la inversión.
