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La constructora del paso a desnivel en la antigua rotonda de Paso Ancho, en San José, reclama un incremento de ¢324 millones sobre el precio que originalmente convino con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Según la empresa MECO, el aumento corresponde a los gastos adicionales en que ha incurrido por los atrasos en los procesos de expropiación de terrenos y la reubicación de los servicios públicos.
El viaducto, cuyo valor total asciende a $10 millones, debía estar listo en octubre del año anterior, pero, por varios meses, la firma no pudo trabajar en un área de la construcción porque no se había concretado la expropiación de un lote.
El reclamo de la compañía fue presentado ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en setiembre. Sin embargo, el documento se encuentra en estudio para precisar cuánto dinero se les reconoce.
Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, expresó que la firma debe justificar cada rubro que pretende cobrar de más.
“Le estamos pidiendo prueba de los gastos para poder resolver. Desde luego que se ha demorado, pero se pasó a un análisis y nos hemos tomado el tiempo para revisar cada punto”, manifestó el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Hay varias cosas que no están claras y queremos entender esos aspectos”, agregó Villalta.
El Conavi no tiene un plazo límite para resolver la solicitud de la constructora.
Más atrasos. Kenneth Solano, director de la Unidad Ejecutora del proyecto, reconoció que es probable que la vía no sea entregada en abril, como se calculó desde finales del año pasado.
La razón del nuevo atraso son los problemas para reubicar cableado de servicios de telecomunicaciones y tubería de aguas negras y de agua potable.
Solano explicó que se debe construir un puente para el cableado y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no podía iniciar esta fase hasta que se terminara el paso a desnivel.
El primer inconveniente con esta inversión se dio desde la etapa del diseño. Esta fase debía estar lista desde abril del 2014, pero la revisión del Consejo retrasó el inicio de los trabajos hasta setiembre de ese año.
El funcionario aseguró que, en la actualidad, el proyecto tiene un 90% de avance.
En octubre anterior, la empresa fiscalizadora Gimprosa, detectó grietas, fisuras, pandeos en estructuras metálicas, fracturas en el concreto y problemas con los anclajes, los cuales tuvieron que ser solucionados por el contratista en su momento.
