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El jefe de fracción del PLN asegura que su bancada votará por una ley de fertilización in vitro que permita su aplicación en mujeres solteras.
Menos de una semana antes, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentes en la Comisión de Asuntos Sociales votaron para aprobar un texto sustitutivo que impide a las mujeres solteras utilizar la FIV para tener hijos.
Los diputados verdiblancos consultados ayer afirman apoyar que toda mujer, sin importar su estado civil, pueda acceder a este tratamiento si no puede concebir y desea tener hijos.
Pero la posición de la bancada una semana antes permitió que el texto base para discutir la futura ley fuera el propuesto por la exdiputada del PLN, Alicia Fournier, el cual cuenta con el visto bueno de los grupos cristianos en el Congreso que se oponen a la FIV.
Este texto obliga a las mujeres a tener, como mínimo, una unión de hecho que respalde que el semen con el que pretenden quedar embarazadas provenga de un hombre heterosexual que mantenga una relación con ellas.
El texto contó con el voto de las diputadas Karla Prendas y Ronny Monge, del PLN, que se sumaron a los de Mario Redondo, del evangélico Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), y de la legisladora del Movimiento Libertario, Carmen Quesada.
El jefe de los verdiblancos, Juan Luis Jiménez Succar, dijo ayer que estaba enterado de la votación del texto sustitutivo la semana anterior, y que se dio como parte de una negociación en el foro de Asuntos Sociales para buscar un proyecto de consenso.
El bloque de diputados evangélicos, representado en la comisión de Sociales por Redondo, de la ADC, se opone a que la FIV se reinstale en el país, porque la consideran contraria a sus preceptos religiosos.
Condenados. El plan para permitir la FIV en el país tiene como propósito cumplir con la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al país en el 2012, precisamente porque en Costa Rica no hay un marco legal que permita aplicar la técnica.
La sentencia obliga al país a tener una legislación que facilite a las mujeres acceder a este servicio; lo anterior en vista de que, en el año 2000, la Sala IV declaró inconstitucional que se aplicara esta técnica sin que una ley la respaldara.
Sin embargo, pasaron los años y los diputados de las diferentes legislaturas no lograron aprobar una ley marco. Tuvo que venir la sentencia de la CIDH del 2012 para poner el tema sobre la mesa.
Enojo y confusión. La diputada Maureen Clarke, exministra de la Condición de la Mujer, dijo que se opone a la propuesta aprobada por sus compañeros y dijo que los derechos de las mujeres no se pueden supeditar a un vínculo conyugal.
“Cuando me entero (de la votación) y me comentan, yo les dije no estar de acuerdo con que a las mujeres se les corten sus derechos. Eso no se sostiene en la Sala Constitucional, pues atenta contra sus derechos humanos”, dijo Clarke.
Antonio Álvarez Desanti, dijo a través de su cuenta de Facebook que apoya la posición de Clarke.
Por su parte, la diputada liberacionista por Puntarenas, Karla Prendas, afirmó que votó por el proyecto de Fournier para buscar un acuerdo con los evangélicos y así hacer viable el plan. La verdiblanca dice compartir la posición de Clarke sobre los derechos de las mujeres, aunque justifica su voto a un proyecto de enfoque distinto con tal de “acercar” posiciones entre ambos bandos.
