El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, prometió la creación de un bono alimentario para asegurar las tres comidas diarias a las 339.772 personas que hoy viven en pobreza extrema, y así erradicar ese flagelo.
Otra de las iniciativas es la construcción y mejoramiento de viviendas para 125.000 familias. De estas, 40.000 recibirían casa nueva.
Ambos planes son el corazón de la agenda social en un eventual gobierno arayista.
En el país hay 285.467 hogares en pobreza (20,7%). Además, del total de hogares, un 6,4% se encuentran en pobreza extrema; es decir, no les alcanza para cubrir los tres turnos de comida al día.
El programa Costa Rica Solidaria dotaría de ¢19.530 mensuales a los 179.232 residentes en las zonas rurales en esa condición. Mientras, los 160.540 que viven en zonas urbanas recibirían ¢20.834 al mes. El bono incluye un 10% adicional por inflación.
Así, una familia promedio de una zona rural integrada por 3,8 miembros recibiría ¢79.169 por mes, adicionales a sus ingresos.
La ayuda se daría en efectivo o directamente en alimentos cuando las familias vivan en zonas alejadas, como comunidades indígenas.
El plan se implementaría en forma escalonada. Este mismo año beneficiaría a 44.808 personas, y se completaría en el 2017.
La inversión sería de ¢164.000 millones durante los cuatro años.
Según Araya, su propuesta social se diferencia de las de otros aspirantes porque, en su caso, sí se define de dónde se tomarán los recursos para financiarla.
Añadió que hay un porcentaje de la población, como el que está en pobreza extrema, que, si no es con asistencialismo, no sale adelante.
El plan se financiaría en los dos primeros años con dineros provenientes del superávit del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En los siguientes años, cuando aumente la cantidad de beneficiarios, se complementaría con recursos del presupuesto nacional.
Amparo Pacheco, directora de Fodesaf, explicó que el programa maneja ¢500.000 millones al año, de los cuales se ejecutan entre 95% y 99%. El superávit se presupuesta para el siguiente año.
Explicó que la ley permite cierta flexibilidad para distribuir los recursos, pero prefería no comentar nada sobre planes de gobierno de ningún partido.
Silvia Lara, encargada de la agenda social y candidata a la segunda vicepresidencia, dijo que no se trata de desvestir un santo para vestir otro pues estos son dineros que no se gastan.
“No se trata de utilizar recursos dirigidos a otros programas, sino de que los superávits no se reasignen de forma automática y se dirijan a financiar este plan”, dijo.
Para el economista Víctor Hugo Céspedes, si bien estos programas son efectivos en el combate de la pobreza extrema, en ese grupo hay personas que pueden generar cierto ingreso, si se les capacita
