Escuchar
Dos alcaldes y dos magistrados suplentes son parte de los funcionarios públicos y de elección popular que este año no cumplieron a tiempo con la declaración jurada de bienes que deben presentar ante la Contraloría General de la República.
El plazo venció el viernes pasado y, pese a que la Contraloría programó giras provinciales y visitas a instituciones públicas para facilitar la declaración, así como trámites en línea, hasta el lunes un total de 1.322 personas tenían el asunto pendiente.
La Contraloría no reveló los nombres de los alcaldes y magistrados suplentes que incumplieron. Lo que procede ahora es notificarles y, de persistir el incumplimiento en 15 días, valorar una eventual sanción.
Desde su entrada en vigencia, en la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) en 59 casos la sanción ha llegado al extremo de proceder con el despido del funcionario.
La Contraloría no brindó los nombres ya que en algunos casos podría darse el supuesto de que los involucrados, por renuncia o por vencimiento de su período, hubiesen finalizado su relación de servicio antes de que se emitiera el acto final del procedimiento. Se trata de personas que resultaron electas popularmente y otras que son funcionarios de carrera.
La ley de contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (N° 8422) vigente desde el 2004 establece que cada año los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada de bienes.
Están obligados a declarar su situación patrimonial un total de 19.300 funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor, la defensora y el defensor adjunto de los habitantes y la procuradora general de la República.
También el fiscal general de la República, los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros de enseñanza superior estatales, el regulador y los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, entre otros.
Cada año la Contraloría debe activar costosos mecanismos para notificar a los que incumplen esa disposición, lo mismo que abrir procesos para sancionar a los que insisten en obviar lo que la legislación dispone.
En el 2013 fueron 1.962 personas las que incumplieron al vencerse el plazo.
