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Detrás de una inocente venta ambulante también se esconden “redes criminales” que incluyen otros delitos como venta de drogas, explotación laboral y tráfico de personas.
A esa conclusión llegó el municipio capitalino, gracias a investigaciones conjuntas con las unidades de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública.
Entre los ilícitos más frecuentemente identificados por la Fuerza Pública están delitos contra la propiedad y la vida, y los de abuso sexual, portación ilegal de armas y los establecidos por la ley de psicotrópicos.
Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal, califica, incluso, algunos casos como “verdaderas redes de distribución narco”, las cuales requerirán mayor investigación policial, con el fin de poder desarticularlas.
De los 1.800 vendedores censados por la Municipalidad, 1.300 también aparecen en las listas de la Fuerza Pública.
En esos archivos, el 57% de los vendedores son costarricenses; 28%, extranjeros, y el 15% restante, indocumentados.
Entre los indocumentados se incluyen personas sin ningún documento y que también se niegan a revelar su nacionalidad.
Otros problemas. Además de los delitos ya mencionados, el ayuntamiento identificó el de explotación de menores, pues estos se dedican a la venta de mercancías, a cambio de alimentos o dinero para comprar drogas.
En otros casos, entre las bateas de productos perecederos se oculta mercancía robada, lo cual implica un compadrazgo entre vendedores y ladrones.
En teoría, la instalación de cámaras en el casco metropolitano permitirá identificar este tipo de delitos para tratar de desintegrar estos grupos, comentó Solano.
Precisamente, a finales del mes pasado, la Municipalidad de San José inauguró un centro de monitoreo institucional, cuya inversión superó los ¢200 millones.
Este gobierno local cuenta con 25 cámaras instaladas, entre otros sitios, en la avenida central, avenida 10 y en esquinas “conflictivas” en barrio Cuba y Cristo Rey. Además, hay otros 32 dispositivos de Seguridad Pública.
