Médicos diagnosticaron que feto de 23 semanas de gestación tiene graves daños físicos y no sobrevivirá

El dilema de una madre y su bebé sin esperanza de vivir

Mujer de 32 años solicita la interrupción terapéutica del embarazo

Abogado y médico coinciden en que Código Penal impide actuar en este caso

“Lloro todos los días, no hay día que no llore, porque uno sabe que el bebé que uno tiene no va a vivir”.

Ella tiene 32 años y está embarazada por primera vez. Sin embargo, el sueño de convertirse en madre se transformó en tristeza desde las 12 semanas de gestación.

En ese momento los médicos del Hospital Calderón Guardia le advirtieron que su bebé no tiene probabilidades de sobrevivir.

Según le explicaron los especialistas, el niño –que ya cumplió 23 semanas– tiene un síndrome que se conoce como abdomen pared.

Eso significa que tiene abierta la pared abdominal y expuestos el corazón, el hígado y los intestinos. Tiene una escoliosis grave (desviación de la columna vertebral), quistes, costillas cortas y sus piernas no se desarrollaron.

“Lo único que se le formó fue la cara y los brazos, en realidad el bebé está muy mal”, acepta esta joven profesional en salud, vecina del este de la Gran Área Metropolitana y quien pidió no revelar su nombre, por lo delicado de su caso.

Ella se siente el vientre, el bebé cuyo sexo se desconoce ya ha empezado a moverse, y eso la entristece.

“El doctor desde la semana 12 fue muy claro conmigo, y él me dijo: ‘Ese bebé no va a vivir’”. Por eso ella está luchando para que el Seguro Social le realice una interrupción terapéutica del embarazo (ITE).

“El que yo quiera que viva es muy egoísta de mi parte”, relató.

Empero, las posibilidades de que le acepten ese procedimiento son escasas, porque el Código Penal prohíbe el aborto.

El abogado penalista Federico Campos explicó que solo se autoriza el aborto por razones terapéuticas según lo que establece el artículo 121 del Código Penal: “'con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

Según explicó, no toda afectación puede considerarse como un peligro para la salud de la madre, porque primero deben agotarse “todas las posibilidades para que la salud física o mental no se vea afectada durante el embarazo”.

”O que en el futuro, no haya forma de atender las afectaciones (físicas o emocionales) que se deriven del nacimiento del producto. Es decir, no es cualquier peligro a la salud, sino solo aquellos que –por su magnitud– sean médicamente irreversibles”, añadió Campos.

Aunque la joven está clara de esa situación, dijo que seguirá luchando ya no solo por ella, sino por otras pacientes. Según alegó, ella no quiere que otras mujeres pasen por el estado de depresión que enfrenta en las últimas semanas.

Según el perinatólogo que la atiende, el estrés que sufre le eleva la presión arterial y le genera pesadillas y contracciones falsas.

Una discusión legal. El caso de esta joven lo asumió la Colectiva por el Derecho a Decidir, un grupo de defensa de derechos reproductivos.

Larissa Arroyo, abogada de la Colectiva, explicó que ya en el 2007 hubo un caso en Costa Rica de una mujer de 26 años, identificada como A. N., a la que le negaron el aborto terapéutico, pese a que la bebé que tuvo presentaba anancefalia, es decir, no tenía cerebro.

A los nueve meses de embarazo y luego de enfrentar siete horas de labor de parto, la niña nació muerta. La madre, según los informes de la Colectiva, sigue sufriendo ataques de ansiedad y depresión.

A. N. llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde acusó a Costa Rica por vulnerar el derecho a la integridad personal y por haberle negado el acceso a un aborto terapéutico.

Aunque la Comisión aún no se pronuncia sobre este caso, la protagonista de esta publicación dijo que llegará a la misma instancia.

Por lo pronto, ella y su abogada recurrieron a la Defensoría de los Habitantes para denunciar a los médicos por incumplimiento de deberes. Además, están a la espera de la respuesta del comité de ética del Calderón Guardia, ante la petición de interrupción del embarazo.

Según Arroyo, apelarán al derecho a la salud, según lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y denunciarán que someter a esta mujer a depresión y padecimientos físicos puede catalogarse como tortura.

“La gente cree que uno quiere (abortar) porque (el bebé) trae limitaciones físicas. ¡No! Si mi hijo hubiera sido síndrome de Down o parálisis cerebral a mí no me importa. Si hubiera tenido una sola posibilidad de vida, yo sería feliz, porque verlo en el ultrasonido y verle la carita eso fue lo peor”, dijo la joven.

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Noticia La Nación: El dilema de una madre y su bebé sin esperanza de vivir