La facilidad para que un usuario celular cambie de operador sin perder su número, depende ahora de una decisión judicial.
El Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE ) acudió al Tribunal Contencioso-Administrativo para intentar aplazar la implementación de este servicio.
Tal acción se dio luego de fracasar en sus intentos por frenar el proceso impulsado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para habilitar la portabilidad numérica antes de medio año.
El Instituto le propuso a la Superintendencia aplazar para marzo del 2014 la puesta en marcha del sistema, pero ese ente no aceptó.
Ante esta circunstancia, el ICE elevó el caso a los Tribunales la semana anterior, y solicitó como medida cautelar suspender los efectos de la escogencia de la empresa – El Corte Inglés – que será la entidad de referencia de la portabilidad numérica en el país.
El Instituto alega que si se le obliga a firmar el contrato antes del 18 de abril –como procura la Sutel– sufrirá “graves consecuencias económicas” en perjuicio directo de los fondos públicos que administra la institución.
“El ICE ha demostrado sobradamente que el plazo de 400 días naturales fijado por la Sutel para seleccionar y poner en operación la portabilidad en Costa Rica es totalmente insuficiente, así como su imposibilidad de cumplir con las obligaciones de la portabilidad dentro de ese plazo”, afirmó el director de Comunicación, Elbert Durán.
Entre tanto, Eduardo Castellón, vocero de prensa de la Sutel, dijo que este lunes presentaron sus alegatos ante el Tribunal y están citados a una audiencia este viernes.
Víctor García, gerente de Asuntos Regulatorios de Claro, contó que le hicieron una oferta formal al ICE para revisar algunos aspectos que deberían interesar financieramente a esa empresa, bajo la condición de no continuar introduciendo obstáculos al proceso de portabilidad. “En lugar de aprovechar la oportunidad, el ICE decidió llevar el tema a los tribunales con la intención de continuar retrasando la portabilidad”, manifestó García.
Telefónica, por medio de su gerente de Comunicación, Matías Señorán, dijo que la acción del ICE “carece de sustento jurídico y por tanto la medida solicitada debe ser rechazada de plano”.