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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe buscar alianzas, socios u otras formas para financiar sus grandes obras.
Tal recomendación, con carácter casi de mandato, fue hecha por el Gobierno luego de conocer un informe financiero y de cumplimiento de metas de la entidad.
Mediante esa disposición se procura frenar el endeudamiento del ICE, el cual alcanzó los ¢1,8 billones en el 2011. Este rubro creció un 184% entre el 2007 y el año anterior, mientras el capital contable solo subió un 26%, en ese periodo.
“Lo ideal es un equilibrio entre ambas cuentas para que se pueda dar el respaldo a los acreedores”, señala el informe del Gobierno sobre la situación del Instituto.
Si se considera que el patrimonio del ICE sumó ¢2,8 billones ese año, la razón de capital contable (patrimonio); es decir, el monto disponible para responder a sus obligaciones, es de 1,6 al cierre de 2011. Al 2007 ese indicador era de 3,6.
El crecimiento en las deudas fue una de las preocupaciones del Gobierno al revisar las finanzas del Instituto, aunque descartan que a hoy representen un problema.
La recomendación deberá verse reflejada en el esquema de financiamiento para la megaplanta hidroeléctrica El Diquís que se construirá en Buenos Aires de Puntarenas, en la zona sur.
Esta generadora de 650 megavatios (MW) de capacidad, implica una inversión de $2.072 millones.
Para René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, esto es un enorme reto.
Por ello se le sugirió al ICE no limitarse y buscar alianzas, inversiones conjuntas, traer inversionistas, instituciones o lo que se requiera para llevar adelante la planta.
“Ellos han venido invirtiendo en el proyecto El Diquís y tienen que presentarnos un cambio en el plan para que no sea un financiamiento tradicional”, dijo Castro.
Castro recordó que la Ley N.° 8660, de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, le otorgó al ICE una serie de herramientas para desarrollar inversiones, pero no las ha utilizado.
Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, coincidió en la necesidad de aprovechar al máximo las facultades que la Ley N.° 8660 le otorgó a la entidad. Entre ellas, “la posibilidad de que a través de alianzas se reparta la responsabilidad del financiamiento de las obras, en especial del sector eléctrico”. El análisis financiero al ICE reveló un deterioro que la entidad procura corregir con el recorte de ¢80.000 millones en gastos.
“Así que el ICE, dada la urgencia de que Reventazón entre en operación en el año 2016, dispuso avanzar en el financiamiento mediante endeudamiento y aportes propios”, aseveró De la Torre.
El costo de la obra asciende a $1.200 millones y actualmente tiene más de un 40% de avance.
Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del Instituto, manifestó que el esquema de financiamiento de esa megaplanta no está definido por lo que permite la incorporación de otros actores.
“Es algo que nosotros también venimos analizando”, aseguró.
Para el ministro del Ambiente, los proyectos Reventazón y El Diquís unidos, son en escala igual a la ampliación del canal de Panamá y eso excede el total del endeudamiento histórico de Costa Rica para todas las escuelas, hospitales y carreteras hechas hasta hoy.
“Es el equivalente a la inversión del ICE en 60 años, pero que ahora debe hacerla en solo 10 años”, dijo.
En su opinión, a la entidad le ha costado entender el provecho que puede sacar de los nuevos instrumentos legales con que cuenta.
Con El Diquís, se espera que el nuevo esquema al fin tenga éxito.
