comisión interinstitucional intentará buscar el consenso

Choque de intereses retarda la planificación urbana de la GAM

Poder Ejecutivo revisa tercer borrador de la propuesta de ordenamiento

Directiva del INVU debe aprobar texto para diciembre, según dispuso Contraloría

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Ni los millones donados ni los años transcurridos ni los llamados de atención de la Contraloría General de la República, han bastado para que la Gran Área Metropolitana (GAM) cuente con un plan que ordene su territorio.

La aprobación de la más reciente propuesta ahora se encuentra estancada mientras el Poder Ejecutivo intenta conciliar el choque de intereses entre los distintos sectores vinculados con la materia.

El documento afecta a más de 50 entidades públicas entre municipalidades e instituciones, así como empresas constructoras, académicos y ambientalistas, entre otros.

“Se debe atender la demanda social de vivienda y servicios públicos en conjugación con las variables ambientales, sociales, productivas y de desarrollo tanto local como regional”, manifestó el vicepresidente de la República, Alfio Piva, quien coordina este tema en Casa Presidencial.

La tarea de buscar consenso entre los actores estará en manos de un Consejo Nacional de Planificación Urbana, tal y como lo establece la normativa vigente . Serán parte del Consejo los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, de Planificación, y de Ambiente.

“Este consejo contará con una secretaría técnica –prevista en la misma normativa– que se encargará de subsanar lo que sea procedente”, agregó Piva.

Texto polémico. El texto en estudio es la tercera versión del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam), elaborado por el Instituto Nacional de Vivienda Urbanismo (INVU).

Este documento sustituyó el fenecido Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitano (Prugam), rechazado por el propio INVU en el 2010 y que costó casi 18 millones de euros, de los cuales 11 provinieron de una donación de la Unión Europea.

Sin embargo, sacar los grumos al Potgam no será tarea fácil, pues, desde que nació, el plan generó muchos anticuerpos.

Entre otros cuestionamientos, resaltan críticas a su injerencia en la autonomía municipal, a su propuesta vial , a la actualización del anillo de contención que propone y al posible impacto ambiental.

Además, el tiempo escasea. Un informe de la Contraloría, emitido en julio, dio como fecha máxima para la aprobación del documento en la Junta Directiva del INVU, el 17 de diciembre. En ese análisis, el ente Contralor reprendió al Instituto por incumplir con el cronograma sobre planificación urbana.

La urgencia se debe a que el desarrollo del GAM aún se rige por lineamientos creados en el plan GAM de 1982.

Aunque dicho plan sí permitió “prevenir los peores excesos”, urge de una actualización, explicó, Leonardo Merino, investigador del Estado de la Nación.

El experto resaltó que se ha avanzado poco en el tema de los planes reguladores y se mostró escéptico sobre la capacidad del INVU de “construir la mejor propuesta”, con el debilitamiento financiero que sufrió en los últimos años.

El presidente ejecutivo y el director de Urbanismo del INVU, Álvaro González y Leonel Rosales, respectivamente, defendieron la labor de la institución y el documento que se generó.

Rosales criticó que al INVU se le haya asignado una responsabilidad tan grande, sin dotarlo de los recursos necesarios, y aseguró que aun con esas limitaciones, la entidad cumplió.

Sin embargo, reconoció que la decisión final estará en manos del Poder Ejecutivo.

“Lo más complejo son los proyectos estratégicos como la vialidad, que es una columna vertebral del plan. El Ejecutivo tiene que buscar un consenso de qué se puede hacer a un mediano o largo plazo y qué cosas no son oportunas, lo cual es una decisión absolutamente válida”, manifestó Rosales.

Mientras tanto, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Irene Campos, señaló que el INVU, en vez de mejorar el Prugam, como se le solicitó, hizo cambios conceptuales. Asimismo, dijo que en el último borrador del texto aún persisten algunos señalamientos hechos por el Mivah.

En relación con los plazos para aprobar el texto, Campos aseguró que estará en manos de la Comisión. “Voy a sugerir que se tomen cuatro meses y no más, pero eso va depender de ellos”, dijo.

“Podríamos correr con un documento para decir que cumplimos y todos nos aplaudimos, pero queremos que tenga validez para los distintos actores”, concluyó.

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