Escuchar
En la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) cada reajuste de pensión y cada pago de deudas atrasadas de los 22.000 afiliados se calcula a mano, sin fórmulas automatizadas en computadoras.
Este desfase tecnológico es la tortura de todos los beneficiarios de 15 de los 16 regímenes de la Dirección, quienes deben esperar semanas, meses y, en el peor de los casos, años para que se haga un cambio en el monto de sus pensiones.
Precisamente, el viernes, Rosa Barrenechea estaba en la DNP intentando apurar un viejo reclamo de su mamá, Zaida Ching. La señora se pensionó por el régimen de Obras Públicas desde 1987 y aún está esperando ajustes de pensión que no le han reconocido.
“Ni siquiera sabe cuánto le tienen que pagar”, dijo Barrenechea.
Esta situación ha derivado en que cada vez más personas recurran al Tribunal Contencioso-Administrativo cuando no obtienen la aprobación de su pensión en 90 días (el plazo de ley) o llevan años esperando una modificación.
Dunia Madrid, directora Nacional de Pensiones, reconoció que reciben cada día entre 30 y 40 amparos de legalidad por atrasos en la tramitación de pensiones.
Desde diciembre del 2010 (cuando ella asumió el cargo) y hasta la fecha, la DNP tuvo que afrontar 1.200 reclamos judiciales.
Cuando ya se trata de sentencias, el Tribunal Contencioso solo concede 15 días a la DNP para resolver la situación del demandante.
Sin embargo, para el pago de una factura de Gobierno (ajustes a la pensión que se arrastran durante años), el cálculo demora de cuatro a cinco semanas, dijo Madrid.
Eso los obliga a reservar entre ¢500 millones y ¢600 millones anuales para reconocer multas por atrasos y pagos por daño moral.
Las afectados son 22.000 personas de 15 regímenes, entre ellos Comunicaciones, Ferrocarriles, Hacienda, Obras Públicas, Beneméritos, Guardia Civil y Guerra.
El problema es que estos 15 regímenes tienen fórmulas de cálculo diferentes, reconocen pluses muy distintos entre sí y obligan a los empleados de la DNP a revisar cada expediente en forma manual.
Los únicos que no tienen problemas son otros 38.000 beneficiarios del régimen del Magisterio Nacional, que sí cuentan con un sistema digitalizado de actualización.
Lentos pasos. Aunque esto implica muchas dificultades, antes era peor. Hasta el 2010, los 22.000 expedientes de Pensiones estaban en papel y eso atrasaba aún más la atención de los usuarios.
Según una nota publicada por La Nación en diciembre del 2006, en aquella época un trámite de pensión tardaba hasta seis años.
Ahora, cada jubilado y cada trabajador que quiere pensionarse tiene un expediente digital. La promesa de la DNP es que la solicitud de pensión por primera vez se resuelva en 90 o 120 días.
Empero, con solo 99 empleados es difícil atender a tiempo a todos los interesados, admitió Madrid. Es entonces cuando acuden al Contencioso-Administrativo.
Teresita Briceño, de la Asociación de Pensionados de Hacienda y el Poder Legislativo, no negó que el proceso para actualizar atrasos “de 20 años” ha sido “muy lento”, aunque consideró que la actual ministra de Trabajo, Sandra Piszk “ sí está comprometida” con mejorar los servicios y modernizarlos.
En el Plan Nacional de Desarrollo está previsto que en el 2014 todos los regímenes tengan fórmulas digitalizadas para calcular y ajustar pensiones, indicó Dunia Madrid.
El primero en prueba sería el de Hacienda, en el 2013. Este tiene 8.000 beneficiarios.
